El diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral pretenden imponer la inhabilitación permanente a participar en política, a personas sancionadas violencia política de género, como él.
Lo anterior, a través de las reglas para la reelección pendientes por emitir y de las cuáles se habló durante la reunión privada que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo este lunes 11 de septiembre, con líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados.
“El INE y el Tribunal Electoral pretenden, que porque hayas sido sancionado por violencia política de género, quedas de por vida inhabilitado ¡de por vida! Si asesinas a alguien, puedes recuperar tus derechos una vez pasada la sanción, si cometes un delito patrimonial monstruoso, como los que hicieron Peña, Fox y todos estos, están impunes, pero si se les sancionara, una vez que terminaran su sentencia, podrían volver a tener participación política”, alertó.
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Aunque aclaró que él fue sancionado por un caso de violencia política de género y cumplió las amonestaciones que se le impusieron, pero no quedó inscrito en el padrón.
Sin embargo, si hubiese quedado inscrito y las reglas son aprobadas, no podría participar más en política.
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“Están cab... y no uso los dos términos para que no lo acusen de violencia política”, dijo, al contenerse de llamar “ca...” a las consejeras del INE y las magistradas del Tribunal.
“Santa inquisición electoral”
En una video charla corta, transmitida en redes sociales, afirmó que le quieren impedir a él y a todos los señalados, algunos injustamente, por violencia política de género, seguir sus carreras en el servicio público.
Al sentenciar que dará la batalla contra esa medida violatoria de derechos humanos, arremetió contra los integrantes del INE y el Tribunal Electoral, a los que acusó de querer legislar, aunque no les corresponde, y de actuar como “la santa inquisición electoral”.
Lamentó que los magistrados y consejeros electorales se estén atribuyendo nuevamente facultades legislativas, al determinar, a través de las reglas para la reelección consecutiva, que los sancionados por violencia política, pierdan sus derechos de manera indefinida.
Ello, mientras que personas acusadas y que cumplen condena, recuperan sus derechos a participar en política y buscar puestos de elección popular.
“No importa si fue un feminicidio, que es gravísimo, si fue una declaración de un debate público, si fue una agresión sexual, si fue un acoso. O sea, si tú le dices a la señora (Xóchitl) Gálvez algo que el INE piensa que es violencia política de género (…) como se lo ha dicho el Presidente, te inhabilitan ¡de por vida!”.
“O sea, son ahora legisladores y ejecutores de sanciones, se convierten en el tribunal de la Santa inquisición electoral”.
Uso político de la ley
Indignado con la medida, recordó que hay precedentes donde la autoridad electoral ha retirado de la contienda a candidatos que tenían plenos derechos, a su parecer.
Habló de del senador de Morena por Guerrero, Félix Salgado, acusado de violación y acoso sexual; así como el candidato a gobernador de Michoacán, ambos por no haber comprobado gastos de campaña.
Recordó que cuando se aprobaron en el Congreso las leyes contra la violencia de género, él advirtió que serían utilizadas como armas políticas, para inhabilitar a cualquier persona de manera arbitraria, ya sea el regidor o el síndico de cualquiera de los más de 2 mil 400 municipios del país, hasta el Presidente de la República.
Recordó su caso personal, en 2019 fue denunciado por la entonces diputada federal del PAN, Adriana Dávila, por realizar manifestaciones y hacer declaraciones públicas que fueron consideradas violencia política de género.
En noviembre del 2020 el INE determinó que incurrió en las faltas señaladas y finalmente, en enero de 2021, el Tribunal Electoral confirmó la resolución sancionatoria en su contra.
Indicó que le aplicaron la legislación en la materia, de modo retroactivo y fue sancionado, con la instrucción de ofrecer disculpas públicas y tomar cursos de sensibilización en materia de derechos humanos y respeto a las mujeres.
Señaló que fue un error de su parte haber acudido al Tribunal, luego de que el INE lo sancionara, porque finalmente debió cumplir con las sanciones impuestas.
Al arremeter contra la autoridad electoral, calificó como “torcida” la actuación del Tribunal y el INE.
Sentenció que su objetivo final es “quitar a compañeros valiosos y valiosas”, en especial del “movimiento” al que pertenece.
Se está utilizando la ley de manera “perversa”, se están tomando decisiones políticas, no jurídicas.
Pretenden convertir las normas contra la violencia política de género, en una especie de “desafuero multiplicado”, sin que los señalados tengan oportunidad de defenderse, sin que se respete la presunción de inocencia.
Todo delincuente tiene derecho a la rehabilitación y a retomar sus derechos.
De concretarse, la medida sería “desproporcional” y “aberrante”, “absurda, “ilegal” e “inconstitucional”.
Advirtió que la propuesta original era inhabilitar a las personas, a partir de la acusación inicial, sin embargo, se ha perfilado que los suspendidos permanentemente, serán quienes resulten sentenciados.