De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; en México la corrupción se castiga poco, tanto administrativa como penalmente, por falta de presupuesto e integración incompleta de órganos de fiscalización.
Según el estudio elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, entre 2014 y 2020, el Ministerio Público de la Federación inició más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación; sin embargo, para 2021, en los centros penitenciarios había sólo mil 465 personas presas por delitos de corrupción.
Esta cifra es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba más de 125 mil personas presas; el homicidio, por el que estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
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El documento agrega que en 2021 ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción, 55 por ciento menos que el año anterior, en el que fueron recluidas mil 942 personas procesadas.
En lo que toca al plano administrativo, el estudio refiere que las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente pues, entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron un 71 por ciento, mientras que las inhabilitaciones disminuyeron 68 por ciento en el mismo periodo.
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La disminución de las sanciones contra la corrupción puede tener múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen atribuciones de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos; el debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, así como la integración incompleta de algunas de las instituciones que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción.
El estudio señala que más allá de reformas o castigos más severos, lo que se requiere es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas, desde los órganos internos de control y los tribunales de justicia administrativa, hasta los ministerios públicos y jueces que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal.