Un tribunal colegiado rechazó suspender la reapertura de la investigación complementaria en el proceso penal que se inició en contra de Juan Collado Mocelo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso de Caja Libertad.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal aprobó el proyecto del magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, quien propuso confirmar la resolución del juez de amparo y negar la suspensión definitiva al litigante, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
La defensa de Collado Mocelo impugnó la resolución del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien declaró infundado el recurso de revocación interpuesto dentro de la audiencia del 14 de junio de este año, por lo que determinó sanear el procedimiento y ordenar la reapertura de la investigación complementaria dentro de la causa penal 269/2019 de la carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019.
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Por este motivo, solicitó la suspensión definitiva para el efecto de que no se dictara el auto de apertura a juicio, hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo y para que no se lleve a cabo la audiencia intermedia.
Al respecto, el magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio argumentó que no puede otorgarse la medida cautelar para los efectos solicitados, ya que no existe ninguna situación que implique un riesgo de que el acto reclamado quede consumado de manera difícil o irreparable.
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La defensa de Juan Collado solicitó un “plazo razonable” para que pudiese allegarse de una diversidad de documentos que, a su decir, ofrecería como medios de prueba, toda vez que con motivo de la pandemia de Covid-19 se encontró mermada la actividad de muchas de las dependencias de gobierno que tenían bajo su poder la información necesitada.
Mencionó que las autoridades no suministraban completa o adecuadamente la información que requería y por esta razón, el descubrimiento probatorio no estaba satisfecho.
Cabe recordar que Juan Collado, así como José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández fueron señalados por el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa de haber suplantado su identidad para adquirir terrenos en la ciudad de Querétaro.
Según la investigación, estas personas constituyeron Caja Libertad para simular operaciones financieras y blanquear recursos.