Como ha ocurrido en varios temas nacionales de la agenda política-pública, la próxima marcha –que se espera sea multitudinaria– del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ha promovido tanto en las redes sociales como en el espacio público una controvertida discusión con visiones encontradas y a veces sin sustento que defienda una y otra postura. La polarización vuelve a ser el centro de un necesario y legítimo análisis sobre el rol del árbitro electoral en la construcción de la nueva idea democrática que exigen estos tiempos.
Las instituciones no son ni estructuras perfectas ni inamovibles, son entes y organismos que deben de ser dinámicos y adaptables a las sociedades, a los contextos y con visión de futuro. Por ello, quienes nos consideramos demócratas sabemos que es autoritario y antinatural plantearse como principio #ELINENOSETOCA ya que todo órgano institucional y autónomo que se presuma moderno, democrático y social deben plantearse como principio la adaptabilidad, mejora y cambio para seguir siendo operativo y funcional.
En este sentido, la convocatoria a la marcha de mañana domingo 13 de noviembre como su sentencia #ELINENOSETOCA es tan categórica y autoritaria su denuncia como las propuestas de reforma que plantea el Estado y en especial el jefe del ejecutivo, refleja una postura y actitud que se repite una y otra vez entre los grupos y sectores de la población que sienten vulnerados sus privilegios y beneficios sistémicos que hasta normalizaron fraudes electorales, corrupción y poca transparencia en el manejo de sus recursos como en los acuerdos y negociaciones sobre multas y sanciones a los partidos políticos.
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Esa “democracia” a la que refieren y justifican sobre ese principio de intocable un órgano institucional autónomo es contradictorio a la base que debe regir al INE: imparcialidad, justicia, transparencia y legalidad que son los principios con le dieron origen y al que sus defensores parecen apropiarse de un órgano que debe ser incluyente.
Por su parte, la propuesta de reformar el INE desde Palacio Nacional tiene aristas incompletas, desde el respeto a su autonomía hasta el presupuesto que debe manejar, pero debía contemplar la fiscalización del manejo de los recursos que recibe, del que no se hace mención en ninguna de las declaraciones de ambas partes. Además, la propuesta debía hablarse, discutirse y debatirse de forma pública, académica y política sobre los candidatos independientes, ser imparcial y no meter su política de Estado en la decisión más definitiva del pueblo: las elecciones.
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Desde 1996 en que la Reforma Electoral cambió las reglas del juego de las urnas y las elecciones en nuestro país encaminando hacia la democracia electoral y con ello, sepultar al gobierno autoritario, México ha ensayado formas de legalidad, la voz y decisión que los mexicanos hemos elegido, bajo tres garantías: imparcialidad, árbitro electoral y legalidad. Esa es la defensa y sustento que debería premiar en estas dos posturas que son estridentes antes que ser propositivas.
Lo que está de fondo y explícito en los alegatos de las ideas polarizadas es el mismo objetivo: las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila y la elección presidencial de 2024 que buscan unos, evitar la continuidad de un partido e ideología que a ese sector de la población le resulta incómoda, insatisfecha y vulnerable de sus intereses y privilegios. Y para los que demandan una reforma del INE buscan garantizar que en las urnas haya garantía de su propuesta y del candidato del Estado. Es decir, asegurar la continuidad del proyecto llamado 4T.
Ambas posturas están olvidando el fin para el que fue creado el INE, y ambas partes ponen en riesgo lo que debía ser la democracia. A repensar cómo abordar un ajuste a las formas, reglas y al propio árbitro de las elecciones.
Abramos la discusión: @salmazan71