En la Cámara de Diputados, durante el foro número 7 del parlamento abierto de la reforma electoral, se trató la propuesta del Ejecutivo Federal sobre la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Exintegrantes de esa institución y especialistas en el tema, plantearon críticas a la iniciativa de reforma electoral del Primer Mandatario. Manifestaron su desacuerdo con la eliminación de los tribunales electorales locales. Se pronunciaron a favor de fortalecer las instituciones en lugar de desaparecerlas y de profesionalizar el servicio electoral de carrera.
Tribunal invade funciones del Legislativo
En el debate, legisladores del bloque mayoritario en la Cámara de Diputados y algunos de los invitados, coincidieron en pedir que la reforma electoral “ponga un alto” al exceso de atribuciones del organismo jurisdiccional.
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Acusaron que el Tribunal cada vez más frecuentemente, invade funciones del Legislativo, lo cual calificaron como inadmisible.
Modificación Comisión Permanente
Como ejemplo, hablaron de la última resolución con respecto a San Lázaro, para que modifique la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para quitar un diputado de una bancada con representación en esa instancia, y poner en su lugar a un integrante de la fracción del Movimiento Ciudadano (MC).
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En ese sentido se pronunciaron el exlegislador federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirector general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Eduardo Andrade; así como el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara, Benjamín Robles.
Lo mismo opinó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro e integrante de Morena, Juan Ramiro Robledo, quien fue claro en advertir que, realizar un periodo extraordinario de sesiones para tomar esa decisión, no significa que se vaya a votar en el sentido que dice el Tribunal.
El asesor externo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Daniel Luna.
Andrade Sánchez fue enfático en que el Tribunal se excede en sus funciones cuando pretende intervenir en decisiones de órganos de gobierno de las Cámaras del Poder Legislativo.
Prohibir interpretación de leyes al Tribunal Electoral
Agregó que las autoridades electorales no deberían tener permitido interpretar leyes, sino sujetarse estrictamente al texto de la ley. De lo contrario, como ocurre hasta el momento, dijo, se incumple el principio de imparcialidad.
También, se pronunció en contra de que el INE emita reglamentos y lineamientos en materia de acciones afirmativas, que deberían ser constitucionales.
No es equitativo, que se elaboren disposiciones especiales para determinados grupos de la población, expresó. Las acciones afirmativas deben estar inscritas en la Constitución y reglamentadas por el Legislativo. De lo contrario, se genera un “corporativismo”.
Fortalecer instituciones
Entre quienes se pronunciaron contra la idea de elegir magistrados por voto popular y alterar la estructura orgánica del Tribunal, la exfuncionaria del Tribunal y catedrática de la UNAM, Angélica Manríquez Pérez, hizo énfasis en que las instituciones del sector no son perfectas, pero no por ello hay de destruirlas.
Destacó la importancia de respetar a las instituciones electorales y garantizar su independencia judicial. Compartió opinión con el especialista Jorge David Aljovín, quien apuntó que la preocupación en el debate electoral, debería ser fortalecer al Tribunal, profundizar la carrera judicial electoral, para contar con magistrados profesionales.
Transformación del Tribunal
Quien llegó con una propuesta alterna de transformación del Tribunal fue el exmagistrado Flavio Galván Rivera. Planteó la conveniencia de darle verdadera autonomía e independencia a esa instancia, la cuál perdió al quedar vinculado al Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal debería ser Federal Electoral, no Nacional Electoral
Tajante, rechazó la selección de magistrados por voto popular. Deben ocupar esos puestos, dijo, quienes cumplan los requisitos de ley, aprueben exámenes de conocimientos, clasifiquen en los procesos de evaluación y cuando se tenga un grupo de expertos en igualdad de condiciones, “si quieren” que se haga una “tómbola”.
El exmagistrado Galván Rivera advirtió que la ley procesal electoral “ya dio de sí” y el país requiere un nuevo ordenamiento.