La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos por lo que resolvió desbloquear las cuentas bancarias de diversas personas, entre los años 2014 a 2020.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica para impugnar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la que le ordenó a la UIF entregar una copia de los documentos solicitados, testando los nombres y datos personales de los involucrados.
La ministra Margarita Ríos Farjat, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la Consejería no explicó por qué la entrega de la información ponía en riesgo la seguridad nacional.
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Con la resolución de la SCJN, la UIF deberá preparar una versión pública de sus acuerdos, en la cual se oculten los datos personales de las personas involucradas, y entregarla al solicitante.