México ha generado una “presión internacional” por el arribo y expulsión de migrantes provenientes de todo el mundo, quienes pueden ser víctimas del delito el tráfico de órganos o turismo de transplantes o requerir de uno de ellos mientras se encuentran en plena vulnerabilidad, señaló Alejandro Niño Murcia, presidente de la Sociedad de Transplante de America Latina y el Caribe y copresidente del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul.
Durante el lanzamiento de la Campaña de prevención de tráfico de órganos, tejidos y turismo de transplante, realizado por el Centro Nacional de Transplantes (Cenatra), el especialista destacó que la migración es un fenómeno que solo se aborda desde el aspecto económico, sin embargo en materia de salud también tiene implicaciones severas.
El director del Cenatra, José Salvador Aburto Morales, al realizar la presentación de la campaña que tiene como objetivo inhibir este delito y fomentar la confianza de la ciudadanía, especialmente después de que la pandemia por Covid-19 generó un “problema muy serio en la demanda y rezago” en los transplantes, advirtió que el país trabaja de manera interinstitucional para garantizar legalidad en estos procesos para que éstos sean un acto altruista sin pago o dádiva a cambio.
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De acuerdo a los datos de Observatorio Global de Donación y Transplante referentes al año 2020, presentados por la doctora Beatriz Domínguez Gil, presidenta de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Transplante, en ese año se realizaron en todo el mundo cerca de 130 mil transplantes que solo cubrieron el 10% de la necesidad y las disparidades de oferta y demanda probablemente se han exacerbado con motivo de la pandemia.
Esto y otros factores han hecho que el tráfico de órganos pasará de eventos esporádicos a transformarse en un problema de naturaleza global, donde el costo de un órgano puede variar de entre los 100 mil y hasta los 200 mil dólares, de los cuales solo entre 5 y 10% son entregados al donante a quien se le considera víctima.
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Este problema requiere de un tratamiento integral para su prevención, investigación y sanción, por ello es que el Gobierno de México ha reforzado los protocolos con la participación de instituciones del sector salud, de la Fiscalía General de la República y a través de campañas como la puesta en marcha.