Las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedentes las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron las dirigencias nacionales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) para blindar a los funcionarios públicos que aspiran a un cargo de elección popular y que éstos puedan obtener la candidatura sin importar que hayan sido sancionados por incurrir en infracciones en materia electoral.
Ambos institutos políticos aún pueden presentar un recurso de reclamación para que una ministra o ministro determine si es procedente admitir a trámite dichos medios de control constitucional.
Morena y el PT impugnaron los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la Sala Especializada y los tribunales electorales locales analicen la pérdida del modo honesto de vivir de los servidores públicos que fueron sancionados por violar de forma reiterada la Constitución y las leyes durante los procesos electorales, con lo cual estarían impedidos para ser postulados como candidatos.
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Este asunto derivó luego de que el TEPJF confirmó que 16 mandatarios estatales afines a Morena incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental y propaganda personalizada.
La Sala Superior determinó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que más infracciones cometió con 16, seguida por Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 13; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con 10 cada uno.
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Ante ello, los magistrados aprobaron que en las próximas denuncias por ilícitos electorales en los que estén involucrados funcionarias o funcionarios, se analizará la pérdida del modo honesto de vivir, lo que les impediría acceder a cargos de elección popular.