La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe dar seguimiento a las irregularidades en la aplicación del programa La Escuela es Nuestra, demandó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
En un punto de acuerdo promovido por la diputada Sonia Rocha y demás integrantes de la fracción albiazul, se solicitó a la dependencia federal atender las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a la ejecución del programa que entrega recursos de manera directa para el mantenimiento y mejoras y arreglos en la infraestructura escolar.
Informes SEP y Secretaría del Bienestar
Asimismo, exigieron que las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Bienestar a nivel federal, presenten un informe público sobre los recursos destinados a La Escuelas es Nuestra.
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El reporte debe incluir detalles de los proyectos de mantenimiento que hayan concluido y los planteles donde se llevaron a cabo, qué proyectos están “en funcionamiento”, cuántos y cuáles proyectos no fueron ejecutados y se les destinaron recursos públicos.
Cuál fue la forma de pago para la realización de las labores señaladas, qué empresas o personas fueron contratadas para realizar trabajos.
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De igual modo, solicitaron información pública sobre las auditorías internas y externas aplicadas al programa; qué irregularidades encontró la Contraloría Social y conforme a la norma, qué sanciones se han aplicado durante el 2021 y lo que va del 2022, por irregularidades en la operación del programa.
Rezago en infraestructura educativa
Los legisladores de Acción Nacional manifestaron que la infraestructura escolar tiene distintas carencias, incluyendo falta de baños, falta de accesos para personas con discapacidad motriz, ausencia de laboratorios, falta de aulas de cómputo, entre otras.
Agregaron que las escuelas ubicadas en las zonas con niveles de marginación están en peores condiciones.
Recordaron que la presente administración puso en marcha el programa La Escuela es Nuestra, que en el año 2020 contó con recursos federales para atender fallas de infraestructura en 103 mil escuelas, dejando 70 mil colegios pendientes para 2021.
Enfatizaron que de acuerdo a la propia Federación, se indicó que a partir de este 2022, el plan señalado tendría un presupuesto de 40 mil millones de pesos a distribuir de manera directa a los comités de padres de familia.
Irregularidades en La Escuela es Nuestra
Añadieron que en una auditoría de cumplimiento hecha por la ASF, al gasto público en 2020, se detectó que las normas del programa no tienen mecanismos de seguimiento, supervisión ni evaluación.
Tampoco fijan plazos máximos para que los planteles que reciban recursos los ejerzan y comprueben el gasto, aunado a que no establece “causales de incumplimiento” al aplicar los apoyos.
El organismo fiscalizador encontró que los Comités Escolares de Administración Participativa, CEAP), que se encargan del uso del presupuesto asignado, no tiene conocimiento técnico ni experiencia en construcción, rehabilitación ni mantenimiento de la infraestructura física de las escuelas.
No cuentan con capacitación en materia de administración de recursos públicos, ni acompañamiento ni asesoramiento de la SEP ni de la Secretaría del Bienestar, ello, con el fin de contribuir al cumplimiento de objetivos y metas.
También detecto irregularidades en el manejo de 40 tarjetas bancarias en las que se depositaron los recursos del programa a igual número de beneficiarios, lo anterior, por un monto de 9.4 millones de pesos.
La Auditoría determinó que la SEP debía aclarar la aplicación de más de 581 millones de pesos, de los cuáles, durante la revisión y respuestas de los entes auditados, se lograron recuperar solo 7.6 millones de pesos, por lo que quedaron pendientes de solventar, 573.6 millones de pesos.
Identificó que en el caso de mil 686 escuelas, no hubo documentación que comprobara la aplicación de recursos por 552 millones de pesos.
Por lo anterior, remarcaron los panistas en San Lázaro, es indispensable y urgente que la SEP y la Secretaría de Bienestar aclaren los hechos, informen públicamente sobre el uso de los recursos otorgados al programa en 2021 y lo que va de 2022.