La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó, a través de su integrante y dirigente nacional, Alejandro Moreno, una propuesta de Ley del Gobierno de Coalición.
El planteamiento incluye reglas para nombrar a los integrantes del Gabinete de Gobierno, mismas que deberán respetar el principio de paridad.
Los cambios a los artículos 76 y 89 de la Constitución, facultarán al Presidente a optar “en cualquier momento” por conformar un gobierno de coalición con uno o más partidos políticos.
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Define como gobierno de coalición: “la unión de uno o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de manera expresa por el Presidente”.
“Que elaborarán un programa de gobierno compartido y lo someterán a la aprobación del Senado. El programa será ejecutado y evaluado por el gabinete que acuerden los partidos políticos coaligados”, dice.
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Contempla la existencia de una Secretaría Técnica del Gabinete, como oficina técnica auxiliar de la Presidencia.
Dicha instancia ayudará a elaborar la agenda del gabinete, en la organización y coordinación de reuniones preparatorias.
Habrá una Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición, como órgano político de información permanente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se conformará por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras, de los partidos coaligados.
Contará con un Consejo Político, como órgano político consultivo al que pertenecerán el Primer Mandatario, el titular de Gobernación, los líderes parlamentarios de los partidos de la coalición y sus dirigentes nacionales.
Prevé que el Convenio de Gobierno de Coalición sea el acuerdo entre el Presidente, los líderes parlamentarios y las dirigencias nacionales para elaborar un programa de gobierno común, y conformar el Gabinete encargado de implementarlo.
Se considerará que “el partido en el gobierno” será el que haya postulado al Primer Mandatario.
Nombramientos gabinete
Contempla que el Presidente nombrará a los secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.
“También podrá designar Secretarios sin cartera”.
Los miembros del Gabinete serán ratificados por el Senado de la República; los senadores también tendrán un “voto de desaprobación” a través del que ejercerán control sobre el desempeño de los principales colaboradores del gabinete y podrán “reprobar” su gestión.
El Senado podrá llevar a cabo sesiones “de interpelación”, para cuestionar las acciones u omisiones del Gabinete.
Habrá “sesiones de control de gobierno”, para revisar los informes de trabajo que cada mes deberá presentar Gobernación ante cada una de las Cámaras del Congreso, donde los legisladores podrán hacer preguntas orales.
Prevé contar con un “foro ciudadano” o mecanismo de consulta a la ciudadanía, integrado por organizaciones civiles convocadas por los partidos coaligados, para recabar planteamientos, propuestas y recomendaciones por aplicar en el gobierno de coalición.
Tendrá un Consejo económico y social, que será un organismo ciudadano con autonomía jurídica, técnica y financiera. Consultar a esa instancia será obligatorio y vinculante para dar seguimiento al programa de gobierno y su cumplimiento.
Participarán en dicho consejo representantes empresariales, sindicales, académicos, de la sociedad civil organizada y de organizaciones de profesionistas especializados.
Eficacia democrática
En la argumentación, Moreno Cárdenas señaló que un gobierno de coalición podría garantizar una “mayor eficacia democrática”, armonizando de mejor manera las facultades y labores del Ejecutivo y el Legislativo.
Promoverá una interacción más clara entre los partidos políticos, a través de coaliciones transparentes y eficaces en beneficio de la ciudadanía, dijo.
Agregó que medidas de ese tipo, permitirían a partidos políticos cumplir las promesas de campaña hechas a la población en temporada electoral.
Con dichas disposiciones, abundó, se resolvería el problema de los gobiernos divididos, el Gobierno podría cumplir las promesas hechas a la población por las coaliciones, y los partidos podrían integrar a las políticas de gobierno sus respectivos planteamientos de plataforma electoral.
Gobierno de coalición
La iniciativa refiere que al existir en la ley la opción del gobierno de coalición, quien gane la Presidencia de la República podrá ejercerlo.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y programa respectivos, que tendrán que ser aprobados por voto mayoritario en el Senado de la República.
La coalición se afianzará a partir de un acuerdo entre los partidos “coaligados”, mismo que contemplará la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del programa de gobierno y el presupuesto de egresos.
Asimismo, contempla los mecanismos de disolución del gobierno de coalición, para lo cual, se establece que el Presidente de la República podrá tomar la decisión en cualquier momento, cuando considere se incumplan las cláusulas del convenio.
También será causal de disolución la ruptura en la coalición, y el gobierno de ese tipo se podrá disolver por decisión de uno de los partidos integrantes.