Pío López Obrador interpuso un juicio de amparo para impugnar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer públicas las carpetas de investigación que iniciaron en su contra por presuntos delitos electorales, luego de que se difundiera un video en el que se le observa recibir dinero en efectivo de manos de David León Romero.
No obstante, Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, y Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, se declararon incompetentes para conocer de la demanda de garantías.
El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso el juicio el pasado 27 de septiembre y señaló como acto reclamado la información requerida por particular a través del recurso de revisión RRA 7147/22.
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El pasado 6 de octubre de este año, De Jesús Zúñiga ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia penal; sin embargo, el día de ayer Mejía Ojeda rechazó la competencia y ordenó devolver el asunto a su homóloga, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado resolver cuál juzgado debe resolver la demanda.
Cabe recordar que en su resolución, el INAI consideró que el delito atribuido a Pío López Obrador tiene implicaciones directas con la vida política del país, pues a través de las conductas que encuadran el tipo penal de referencia, se podría beneficiar de manera indebida y/o ilícita a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, en detrimento de otro u otros partidos o asociaciones políticas y, consecuentemente, de los gobernados.
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Asimismo, puntualizó que se encuentra justificado el que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas en contra de Pío López Obrador. En el mismo sentido, la difusión de la información requerida reviste un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar qué sucedió con las supuestas aportaciones a un partido en específico.