La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar el Código Penal de Coahuila que sanciona a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Durante la sesión de este lunes, ocho de los 11 ministros ya se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional la norma que impone penas de uno a tres años de cárcel a la mujer que aborta.
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El ministro Luis María Aguilar Morales, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, explicó que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez en que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncia sobre este tema y precisó que con ello no se busca una propuesta a favor de la interrupción del embarazo.
"No constituye de ninguna manera una propuesta a favor del aborto o a la interrupción del embarazo, ni mucho menos la propuesta de la supuesta existencia de un derecho al aborto, pues si bien se trata el tema, la realidad es que este proyecto está enfocado y gira, fundamentalmente, en torno a la dignidad de la mujer y a las personas con capacidad de gestar”, señaló.
Tampoco atiende a parámetros religiosos o morales que son propios de la vida privada y conciencia de cada persona y que quedarán a su decisión personal más íntima, de lo que trata es de no generar, en quienes lo hagan adecuadamente, una consecuencia de tipo penal que las encuadre en calidad de delincuentes, destacó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel sostuvo que despenalizar el aborto no implica fomentar su practica
"Despenalizar el aborto voluntario no implica fomentar su práctica, solo conlleva a no criminalizar a la mujer que así lo decida, la penalización a la mujer que voluntariamente practique un aborto o que la hiciera abortar con el consentimiento de ella, resulta contrario al parámetro convencional y constitucional. No debe tolerarse estigmatizar a la mujer por tomas la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno de su dignidad humana”, destacó.
En México, las mujeres sufren de limitaciones y abusos, desapariciones y feminicidios y disparidad laboral, que sea la voz de este alto tribunal, a través de esa sentencia, la que proteja los derechos de las mujeres, puntualizó.
A su vez, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar dijo que no es papel del Alto Tribunal enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo
"Como tribunal constitucional no es nuestro papel, nunca ha sido ni puede ser, enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo, lo que nos toca analizar es si es constitucional castigar con pena de prisión a una mujer que decide interrumpir su embarazo en determinadas circunstancias. Nos corresponde como tribunal pleno, reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo y darle plena efectividad, no a medias tintas, hacerlo en una exigencia constitucional básica impostergable", aseguró.
Debido a la reforma judicial y por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la sentencia que apruebe la Corte tendrá efectos generales en todas las entidades.