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SSPC se declara incompetente para dar información sobre cierre de penales

Martes 19 De Enero, 2021 · 14:45 pm
SSPC se declara incompetente para dar información sobre cierre de penales
l Centro de Reinserción Social Apodaca, Nuevo León, amplió sus instalaciones para que más de 900 reos tuvieran un lugar, tras el cierre del Penal del Topo Chico en Monterrey. / Foto: Cuartoscuro

ras el cierre, en el 2019, del complejo penitenciario de Islas Marías; el gobierno federal inició, a partir de septiembre de 2020, la desincorporación del Sistema Penitenciario de los Centros Federales de Readaptación Social de Puente Grande, Huimanguillo, Ciudad Juárez y Tamaulipas, al argumentar que es necesario “generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria”.

Sin embargo, como ha sucedido con algunas acciones implementadas por la actual administración, el cierre de los penales tampoco cuenta con un proyecto que permita conocer las causas o motivos que justifiquen el por qué un determinado Cefereso debe ser desincorporado, así como las acciones que se implementarán para alcanzar la modernización.

A través de una solicitud de transparencia, MVS Noticias requirió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) información adicional sobre este y otros rubros; no obstante, a pesar de ser cabeza del sector, la dependencia se declaró incompetente para atender la petición, el argumento fue que sus funciones son realizar “acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, además de prevenir el delito, ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, no siendo parte de las mismas la información requerida en la solicitud”.

Ante ello, recomendó remitir la petición al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (PyRS), instancia que entregó la información el 14 de diciembre del 2020.

En su respuesta, el PyRS señaló que no existe un proyecto para el cierre de penales federales, toda vez que “la incorporación o desincorporación de algún establecimiento penitenciario se hace a través de los acuerdos secretariales”, agregó que por este motivo tampoco se cuenta con “un documento del que se desprenda la información de proyectos que estén previstos para el cierre” de otros centros de reclusión.

Mencionó que, a la fecha de la respuesta, no tenía conocimiento del destino que se les va a dar a los inmuebles que ocupaban los Ceferesos de Puente Grande y de Huimanguillo.

Respecto a los ahorros que se generarán por la desincorporación de los penales, la instancia que encabeza José Ángel Ávila Pérez dio a conocer que el cierre de Islas Marías refleja un ahorro de 449 millones 742 mil 434 pesos, mientras que por la desincorporación de Puente Grande se estiman ahorros de 213 millones 874 mil 238 pesos y por el de Huimanguillo de 38 millones 577 mil 621 pesos.

A la incompetencia de la SSPC se suma la falta de transparencia del PyRS, ya que en su respuesta a la solicitud de MVS Noticias, omitió informar que seis de los ocho Ceferesos que operan bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, ya no son administrados por las empresas con las originalmente se firmó el contrato.

Casi un mes después, el 13 enero de 2021, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez dio a conocer que la empresa “Exi Quantium” (la razón social correcta es Quantum) opera los penales de Sonora y Guanajuato, los cuales eran administrados por sus filiales Pápagos Servicios para la Infraestructura y Sarre Infraestructura, respectivamente.

Capital Inbursa sustituyó a sus filiales Makobil y CRS en la operación de los penales de Chiapas y el femenil de Morelos; Black Rock remplazó a Operadora de Infraestructura de Guanajuato en la operación del Cefereso de esa entidad, en tanto que GIA está a cargo del penal de Oaxaca, cuyo proveedor original era Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca.