Cuando hablamos de discriminación en México lo asociamos a pigmentación de la piel, condición económica o la identidad sexual; pocas veces pensamos en la referida a la salud. De las muchas formas de segregación sistémica, estructural y normalizada que practicamos consciente e inconscientemente, la menos visible e incluso reflexionada está aquella que estigmatiza ciertos padecimientos como es el cáncer, la obesidad, diabetes y VIH, que puede convertirse en un limitante para conseguir un empleo, vivir en pareja o el más reciente caso, adquirir un crédito bancario o poder contar con un seguro de vida y/o lo más contradictorio y absurdo un seguro de gastos médicos.
En días recientes en las redes sociales circuló un caso de un joven al que le fue negado un crédito hipotecario por una empresa bancaria por haber dado positivo en VIH y la institución bancaria que argumenta ser incluyente, comprometida con promover valores de inclusión a la diversidad sexual (sic) rechaza otorgar dicho servicio por tener un “padecimiento crónico”. Es decir, que a pesar de contar con un programa en papel de “principios cero tolerancia a los actos de discriminación”, este banco y muchas otras instituciones en la práctica son discriminatorias, prejuiciosas y vulneran los derechos humanos.
A pesar de contar con una institución como el Consejo Nacional para Prevenir y erradicar la Discriminación (CONAPRED), aún las políticas públicas sobre protección a derechos humanos de la diversidad y otras formas de discriminación en nuestro país, siguen siendo limitadas, sesgadas o incluso invisibilizadas estas prácticas normativas y estructurales que atentan la dignidad y el desarrollo personal, sobre todo aquellas que tiene que ver con el sistema laboral, financiero y económico de este país. Es decir, los virus son un conjunto de órdenes morales antes que, de salud, como se ha visto reflejado en la reciente pandemia de covid, de la viruela del mono y desde hace décadas de forma silenciosa, hipócrita y cómplice la discriminación por VIH.
Siguen pendientes en las instancias legislativas de este país abordar y aprobar leyes en favor de la sociedad que vive con VIH-SIDA y están invisibilizadas, discriminadas, negadas a servicios mercantiles como son empleos, créditos y seguros, formas básicas de los derechos humanos que cualquier sujeto en condiciones de desarrollo y bienestar pueda acceder sin que la causa para negarle sea “una enfermedad crónica” y dejar de simular con “otras alternativas de servicios de crédito” como “un solidario responsable”, que no hace sino institucionalizar y el Estado avalar las formas de discriminación moral de los virus para las personas.
La discriminación por cuestión de salud y en específico por vivir con VIH-SIDA es muy alto en nuestro país, es un tabú y motivo de vivir en silencio, relegado o limitado de las posibilidades de crecimiento personal, profesional o crediticio en México, no solo por una cuestión de estigma, de prejuicio o desconocimiento colectivo, también porque los legisladores no han querido entrar a discutir, proteger en serio y a fondo los derechos humanos de las personas en diversidad sexual y la relación que aún se asume de quienes viven con un “padecimiento crónico” porque se asocia el virus vih con la promiscuidad, el uso deliberado de la sexualidad, y la baja esperanza de vida. Que se traduce en homofobia, doble moral, discriminación por condición sexual. Es decir, frente al virus hay una espada de Damocles castigando, reprimiendo, sojuzgando y evidenciando que la discriminación estructural se naturaliza como un deber ser de los que merecen y no ser otorgados los derechos humanos. Ojalá pronto erradiquemos estas formas de discriminación de las instituciones financieras y dejemos a un lado la doble moral sistémica y el Estado atienda a fondo y de forma contundente la verdadera inclusión y los virus dejen de tener moral.
~Abramos la discusión: @salmazan71