Un suceso en común une a familias enteras en el país: las desapariciones forzadas que se acumulan cada año y los comités nacionales de ciudadanos, padres y madres de familia que buscan incansablemente a sus integrantes que fueron llevados a la fuerza sin que haya rastro, investigación, justicia que el Estado no ha podido cumplir. Son ellos los comités de la sociedad civil organizada quienes hacen lo que las autoridades sordas e incapaces, rebasadas e impunes no han podido con uno de los más grandes problemas que enfrentamos la población: la desaparición forzada.
Los datos oficiales reportan más de cien mil personas desaparecidas de forma forzada en nuestro país, pero no son sólo una cifra, y los subregistros marcan otros daños colaterales: la vulnerabilidad con que se encuentran sus familias, que en no pocas ocasiones son víctimas de la violencia en su búsqueda, como ocurrió en Sinaloa justo el 31 de agosto –el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada– cuando un comando privó de la libertad y después asesino a la activista Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre rastreadora de Elota, quien tras sostener una reunión con el gobernador de aquella identidad Rubén Rocha Moya, fue secuestrada y luego le quitaron la vida.
La asociación que regularmente se hace sobre las zonas del país con problemas de los grupos delincuenciales del narcotráfico y las desapariciones forzadas, la violencia entre la población, la inseguridad se desmiente cuando vemos el mapa delincuencial y de desaparición en el país, donde no coincide con los grupos armados o las regiones más violentas del país y el crimen organizado.
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Si bien en los estados que son más peligrosos, según el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán y Chihuahua no corresponden a los estados donde está la presencia activa del narcotráfico como es Estado de México, Baja California o Chihuahua. Entonces, ¿cuáles son las causas, los grupos delictivos y los móviles para que se den estas desapariciones forzadas en estados como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa?; donde otra vez, tres de las cinco entidades se supone que no hay predominio de delincuencia organizada o narcotráfico y ocurren con mayor tendencia a este delito.
Exige una reflexión más a fondo, porque el móvil de este delito no es por el narcotráfico sino son otros móviles y grupos que comenten levantamientos, secuestros y desapariciones forzadas que cada año aumentan los perfiles y grupos de jóvenes y niños que son más proclives; mientras que el Estado no ha podido frenar el alza, siguen en la impunidad y sin justicia más de 100 mil personas que siguen sin ser localizadas.
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Los multifactores se entrecruzan y mientras las autoridades y dependencias del Estado local, estatal y nacionales siguen desviando la atención y haciendo oídos sordos a los reclamos desesperados de los comités civiles de búsqueda, las personas nos volvemos cada vez más vulnerables ante los grupos que han encontrado un beneficio en esta actividad delictiva que quebranta los núcleos familiares y sociales. Y mientras no contemos con un registro oficial Nacional actualizado y los servicios forenses sigan sin actualizar sus bases de datos y la enorme burocracia hace casi imposible que se ajusten cifras, datos y denuncias. La corrupción es la causa de ese reclamo colectivo: ¿dónde están?
Abramos la discusión: @salmazan71