OPINIÓN SERGIO ALMAZÁN

Derechos colectivos, decisiones individuales...

Después de cincuenta años de legalidad en el país, la Corte Suprema decidió erradicar el derecho al aborto.

La ilegalidad del aborto en Estados Unidos fue proclamada por la Corte Suprema después de 50 años.
La ilegalidad del aborto en Estados Unidos fue proclamada por la Corte Suprema después de 50 años. Créditos: EF
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En las últimas semanas hemos sido testigos de expresiones y decisiones regresivas en materia de derechos humanos en Estados Unidos y en México. Los grupos antiderechos, (mal llamados por algunos como “conservadores”, porque los progresistas o de izquierda, también limitan, juzgan y prohíben), son colectivos que están penalizando, criminalizando y juzgando el cuerpo y las decisiones individuales; negando o limitando la cobertura de los derechos colectivos, imponiéndose en decisiones individuales: el cuerpo, el placer, la identidad sexogenérica y la gestación. 

Las leyes deben ser progresivas y jamás dar pasos atrás. El mundo, la ciencia, la ética y las constituciones, las cortes de justicia y las sociedades tenemos el compromiso de ir hacia adelante, avanzar en materia de lo humano, la vida, la salud, la democracia, la seguridad y el Estado de Derecho. Principios básicos de la estabilidad colectiva de un país, lo contrario, es un retroceso y atenta con el orden fundamental de los ciudadanos, de las personas. 

La decisión de la Corte de Estados Unidos sobre revocar el derecho al aborto es un ejemplo claro y un mensaje contundente del avance de los grupos antiderechos en el mundo que han seguido trabajando por imponerse como autoridad sobre el cuerpo y las decisiones personales, queriendo controlar a la sociedad y en especial a las mujeres. Es un aviso al mundo que el orden impositivo del conservadurismo no se ha ido, quiere imponer su verdad y obligar al mundo a retroceder, desde un país que se dice poderoso, democrático y moderno. 

En otro sentido, pero con la misma intención, México vive los pasos y presencia contundente de esos grupos antiderechos con disfraz de izquierda progresista que busca desviar la mirada a los derechos colectivos de grupos de feministas que llevan décadas denunciando, reclamando y exigiendo acción contundente y radical contra la violencia, la trata, el abuso y los feminicidios que se incrementan de forma dolorosa desde hace décadas en nuestro país. Sin agenda, sin acción y sin respuesta por parte del Estado, aún no hay un sistema integral de justicia para las mujeres. Los gobiernos no han querido ni tenido voluntad en legislar por los derechos colectivos que protejan la vida y garanticen justicia y protección ante la violencia. Basta pensar el funesto final de la cantante Yrma Lydya en manos de su pareja y victimario quien se presume atentó contra su vida, y anteriormente ya era víctima de violencia intrafamiliar sin protección por parte de las autoridades, aun cuando hubo denuncia de la cantante. Hoy es una mujer que no libró la muerte por parte de su victimario.  

El tercer caso que menciono, sobre esta tónica del erróneo papel del Estado sobre los derechos colectivos, fue con la presencia de la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum en la Marcha 44 del Orgullo LGBTTTIQ y  de sus asesores, funcionarios públicos, como Jaime Morales – Director General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, así  como los colectivos involucrados en tal invitación mandaron un mensaje erróneo: No es el Estado quien debe regular, legitimar o legislar sobre el cuerpo, la cama y las decisiones de la identidad sexogenérica. Su papel y función es hacer cumplir los derechos colectivos: salud, libertades de decidir, de amar y vida sin violencia. Y en ese rubro hay muchos saldos pendientes que el Estado, derechos humanos de la diversidad que han sido violentados y esos funcionarios sin respuesta a las denuncias.  El mensaje fue equivocado por quienes invitaron a la jefa de gobierno como autoridad y a los servidores públicos como funcionarios, al pedirle que diera el banderazo de salida a un derecho ganado por las luchas colectivas: la manifestación masiva y de la calle, el reclamo de hacer cumplir la Constitución en materia de salud, protección a la vida y la integridad como personas. 

El mensaje fue equivocado por quienes invitaron a la jefa de gobierno como autoridad y a los servidores públicos como funcionarios, al pedirle que diera el banderazo de salida a un derecho ganado por las luchas colectivas: la manifestación masiva y de la calle, el reclamo de hacer cumplir la Constitución en materia de salud, protección a la vida y la integridad como personas.  

En este sentido, el error es que ninguna Autoridad Pública tiene que prohibir o autorizar. Esas son decisiones autónomas, solo el Estado debe legislar los servicios y hacer cumplir los derechos colectivos.  Y eso es lo que las personas muertas por crímenes de homo-transfobia; quienes viven con VIH y están sin medicamentos, las niñas y niños transexuales que esperan un acta de identidad y los cientos de personas violentadas en la calle, escuela, trabajo por su identidad sexual sin que las autoridades apliquen protocolos para garantizar su integridad. 

En los tres casos, el principio es el mismo: los derechos son colectivos, las decisiones del cuerpo son individuales y el Estado debe solo y exclusivamente garantizar estos derechos.

Abramos la discusión: @salmazan71