Según el diccionario, infame es aquella persona muy malvada que carece de honra, crédito y estimación. Utilizado como adjetivo, describe con claridad meridiana el comportamiento del único gobernador en la historia de México que a la vista de todo el país, patrocina, avala y facilita las maniobras necesarias para apropiarse de una de las mejores universidades privadas de Latinoamérica.
Antes de ir al caso concreto, pido que imaginemos por un momento el guion de una novela con tintes judiciales y policíacos en cuya trama ficticia, Claudia Sheinbaum amedrenta a la Fundación Carlos Slim, una de las más reconocidas en nuestros país y le exige a su patronato que todas las actividades filantrópicas de la institución en educación, cultura, deporte y asistencia social se centralicen en la capital.
Además, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señalaría sin pruebas, supuestas irregularidades en las operaciones financieras de esa Fundación y cuestionaría el origen del patrimonio de Carlos Slim para generarle acusaciones falsas, perseguir y fabricar desde el aparato de gobierno órdenes de aprehensión contra los abogados y familiares del ingeniero. Sería el contexto de una campaña difamatoria que tuviera como propósito apropiarse ilícitamente del Museo Soumaya y todas sus obras de arte, usando a la policía capitalina para tomar posesión del inmueble ubicado en Polanco con el uso de la fuerza.
Sin duda, la trama además de morbosa nos ubicaría frente a un escándalo de magnitud internacional, un hecho inadmisible e injustificable que causaría indignación en todos los sectores del país. Algo realmente descabellado, exageradamente calculado para atraer el interés del público en los mostradores de las librerías.
Lamentablemente como suele ocurrir, la realidad supera a la ficción. El planteamiento anterior se inspira en hechos consumados, no menos graves, con distintos personajes, lugares e instituciones.
Ocurre ahora mismo en la bella capital del estado gobernado por Miguel Barbosa, que desde hace 2 meses propició una incursión violenta en la Universidad de las Américas Puebla. Lo hizo en colusión con diversos despachos jurídicos, jueces capitalinos, la llamada Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada de esa entidad y la propia Fiscalía General de la República, que ha provocado un doble juzgamiento auto revocando ilícitamente una resolución del no ejercicio de la acción penal, que exoneró desde 2018 a integrantes de la familia Jenkins de Landa y a su equipo jurídico.
Difamados impunemente desde el aparato de gobierno a disposición de Barbosa Huerta, una justicia local a disposición del mejor postor y el uso de las instituciones públicas para fines personales, los abogados de los Jenkins de Landa han logrado una suspensión de amparo que obliga a devolver la UDLAP al único patronato legalmente constituido. Sin embargo, llama la atención la evasión flagrante de esta resolución en la que un juez federal encontró múltiples violaciones de derechos.
Esta suspensión vigente, decidida desde el Poder Judicial de la Federación debiera ser cumplida de inmediato por el juez 24 civil de la capital que en contubernio con su colega del juzgado 60, han realizado diversas maniobras para eludir durante semanas la resolución que ordena restituir las cosas al estado en que se encontraban, hasta antes de la intervención violenta con policías estatales armados para tomar el campus en Cholula.
Al gobernador de Puebla le distingue un desprecio evidente por la atención de los graves problemas que aquejan a su entidad; como el crecimiento de la pobreza extrema, el desempleo, la inseguridad y el huachicoleo, entre muchos otros. Su confrontación con el sector empresarial que genera valiosas fuentes de trabajo, ha provocado enorme incertidumbre para las inversiones. Barbosa no dice cómo y tampoco sabe qué hacer para solventar los retos de un gobierno que prefiere perseguir a instituciones que han beneficiado históricamente a los poblanos.
La novela real nos lleva los atropellos impunes para apropiarse de recursos privados representados en cada ladrillo de la Universidad de las Américas Puebla, cuyo campus es propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y representa más de la mitad del patrimonio de esta institución, con casi 7 décadas de trabajo filantrópico que diariamente toca a 30 mil mexicanos para favorecerlos en algún aspecto de su vida.
El intento incesante por normalizar la intervención en la UDLAP sería un escándalo en cualquier otra entidad del país, en Puebla se apuntala una fachada de mentiras y simulaciones que rebasan la imaginación del más audaz escritor de novelas de intriga policíaca.
Es cierto, hay un gran conflicto familiar que inició en 2014 tras la separación de Guillermo Jenkins de Landa de la fundación por presuntas irregularidades conocidas por su propio padre. Es la espeluznante historia del primogénito que denunció penalmente a su madre y hermanos. ¿Qué clase de persona traicionaría los principios de su estirpe e intentaría llevar a prisión a su progenitora? La respuesta es parte de esta historia real en la que los señalados fueron investigados y exonerados desde 2018 a través de una resolución inatacable llamada cosa juzgada.
Intriga, simulaciones, jueces coludidos con litigantes sin escrúpulos, un gobernante y funcionarios que utilizan su cargo para apropiarse de patrimonio privado, aderezados por la intervención del fiscal federal que tiene un evidente conflicto de interés en los litigios de la Universidad. Es el contexto de un sistema que permite lo que en el mundo civilizado sería una historia sólo admisible desde el ejercicio de la ficción que para desgracia de México, en Puebla es realidad.
EDICTOS
Los cambios en el gabinete son normales en el ejercicio del gobierno para ajustar al equipo presidencial en el arranque de la segunda mitad del sexenio, sin duda la más desgastante. Andrés Manuel López Obrador, fiel a las reglas no escritas del poder lo hizo en la coyuntura de su Tercer Informe de Gobierno. Aunque las apariencias indican que los funcionarios salientes de posiciones de alto calibre terminan sus ciclos con agradecimientos y los lugares comunes propios del protocolo políticamente correcto, la realidad muestra que los relevos se hacen bajo la expectativa de un mejor desempeño de los entrantes. El Presidente no ofreció novedades relevantes, la atención periodística se concentró en los cambios y las especulaciones sobre sus causas.
La llamada 4T se endurece, recrudecerá su autoritarismo, se abrirán las cartas para los aspirantes y las diferencias internas serán más evidentes.
Por el bien de México, a pesar de la falta de resultados y la franca regresión de los últimos 3 años, deseo al Presidente de la República éxito y reflexión para la autocrítica. Mi esperanza no se basa en hechos, sólo es un anhelo sincero.