Nunca en la historia de la ciencia mexicana había ocurrido tal solidaridad como la que hemos visto hasta hora que la Fiscalía General de la República (FGR), quiere encarcelar a un grupo de exfuncionarios, administradores y algunos investigadores del desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por las denuncias interpuestas por la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Las imputaciones de delincuencia organizada, de uso de recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero de la FGR seguramente serán rechazadas, por tercera ocasión, por el poder judicial. No hay juez que admita esta descabellada solicitud que busca encarcelar a 31 personas, algunas de las cuales trabajan en instituciones académicas públicas.
Se trata de un asunto basado en un absurdo legal, pero sobre todo un pleito político entre algunos personajes de las anteriores administraciones de la ciencia mexicana y la actual directora general del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, desde que asumió su cargo al frente del Conacyt de la 4T.
¿Qué pasa con el Conacyt?
Aquí algunos elementos que pueden ayudar a entender lo que hay de fondo en este asunto.
El asunto jurídico
La disputa legal que el propio Conacyt señala en el comunicado 245, distribuido el 22 de septiembre, titulado "El Conacyt apoya a las y los científicos", se basa en el hecho de que el Foro "exigía recursos anuales por 50 millones de pesos", pero que el Consejo, bajo los supuestos principios de "austeridad republicana", ofreció apoyar "con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas".
El Foro no aceptó esa reducción y en 2019 judicializó el caso mediante un amparo administrativo; en una primera instancia obtuvo la protección del Juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa. En dicha sentencia se indica que el Conacyt debía otorgar recursos suficientes al FCCyT, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente hasta junio de 2020.
Álvarez-Buylla lo tomó como una afrenta y el Conacyt sometió un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al mismo tiempo que litigaba, el Conacyt modificó sus estatutos orgánicos el 11 de diciembre de 2019, mediante los cuales se constituyó un nuevo Foro supeditado al Consejo, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.
Sin embargo, este fue el golpe definitivo que no fue impugnado por el FCCyT ni la comunidad científica: ante los nuevos estatutos del Conacyt, en julio de 2021, la Suprema Corte no quiso analizar ni resolver de fondo el problema y prefirió sobreseer el caso, con lo cual se desechaba el amparo del Foro. Pero, de acuerdo con su resolución no. MI/SS/D/9941/2021, hasta que se modificaron dichos estatutos, todos los recursos otorgados al FCCyT desde su creación en 2002, estaban amparados ante la Ley de Ciencia.
A pesar de carecer de sustento jurídico, de acuerdo con el comunicado 245 del Conacyt: "la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control" por presuntas "irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt". Lo que falsamente alegan las actuales autoridades del Conacyt es que los recursos otorgados al Foro no tenían sustento legal ni administrativo.
Por este motivo, la FGR ha iniciado acusaciones en contra de las 31 personas supuestamente implicadas tanto de la administración peñanietista del Conacyt, quienes otorgaron los recursos, como desde el FCCyT, quienes los recibieron y ejercieron. Al no existir fundamento jurídico, lo más seguro es que serán rechazadas, por tercera ocasión, por los jueces.
Venganza mediática
El lunes 20 de septiembre en su columna de opinión publicada en el diario El Financiero, Raymundo Riva Palacio señaló que las acusaciones de la Fiscalía General de la República son una venganza de Alejandro Gertz Manero "luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores".
En el mismo sentido, Roberto Rock escribió el martes 21 de septiembre, en su columna en el periódico El Universal, que la acusación del fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, es interpretado como "una venganza por las recientes impugnaciones a la asignación promovida por Conacyt para otorgar a Gertz el más alto grado existente en el Sistema Nacional de Investigadores".
Ambos columnistas están equivocados: la "comunidad científica" no protestó ni impugnó el nombramiento de Gertz Manero como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III. Como sí se está haciendo ahora en contra de las pretensiones de la Fiscalía.
En realidad muy pocos investigadores criticaron este hecho (de manera individual), entre los que destaca Guillermo Sheridan, quien además reveló el presunto plagio académico del fiscal, pero no hubo inconformidad pública de grupos de investigadores integrantes del SNI. La mayoría se calló y se disciplinó. Por ello, la supuesta "venganza" del fiscal no existe salvo en la imaginación de los dos columnistas.
La comunidad científica debió cuestionar y repudiar el nombramiento del fiscal, y el Sistema Nacional de Investigadores debe analizar el caso del presunto plagio de Alejandro Gertz Manero e investigar el papel de la comisión que le dio el máximo nivel del SNI.
Pero la comunidad científica también debió, en su momento, criticar la reducción del presupuesto al FCCyT, el excesivo financiamiento a empresas trasnacionales, la falta de oportunidades a jóvenes investigadores, o la creación de otro Foro, por parte del Conacyt, en todas esas ocasiones guardó silencio.
Históricamente, pocas han sido las voces críticas entre los científicos mexicanos, casi todos tienen en su ADN el miedo al establishment. Saben que opinar y cuestionar a las autoridades administrativas y políticas puede costarles su futuro porque el SNI, más que ser un sistema que impulse la formación de nuevos científicos, es un sistema de control que sirvió muy bien al régimen antidemocrático priísta y que continúa funcionando al gobierno actual.
El pleito político
Si bien la cuestión jurídica no tiene fundamento, la parte política es el asunto de fondo y esto tiene mucho que ver con las formas. Como dice el clásico: la forma es fondo.
Uno de los objetivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. era ser un órgano "autónomo" de "consulta" del poder ejecutivo, del consejo general y de la junta de gobierno del Conacyt, pero dicha autonomía y asesoría dejaron de existir en términos reales durante buena parte del gobierno de Peña Nieto, durante la gestión de Enrique Cabrero como director general del Consejo, época en la que José Franco, del Instituto de Astronomía, de la UNAM, fue coordinador del Foro.
Durante la gestión de Franco el Foro se convirtió en prácticamente un órgano de adulación de las políticas del Conacyt, desaparecieron las propuestas analíticas y críticas que eran comunes en las gestiones de anteriores coordinadores como Juan Pedro Laclette o Gabriela Dutrénit. Se supeditó la autonomía de una asociación civil a los intereses de su coordinador quien, a su vez, formaba parte de algunos de los comités de evaluación de proyectos de investigación y de divulgación del Consejo.
En la gestión peñanietista del Conacyt, Julia Tag\u00fceña Parga fue directora adjunta de Desarrollo Científico (el segundo puesto en importancia después de Cabrero); fue en esa área donde los recursos a la ciencia básica se redujeron de manera significativa, y los pocos recursos que hubo se dispersaron con varios meses de retraso. Al menos en dos años no se otorgaron apoyos en estos campos, mientras que los recursos para empresas trasnacionales crecían de manera exponencial.
El Foro nunca cuestionó esta ineficiencia administrativa y la política equivocada que afectó a muchos científicos en el país, principalmente de Instituciones de Educación Superior. Perdió una buena parte de su autonomía y de su capacidad de interlocución.
Desde la campaña electoral de 2018 el gobierno peñanietista sabía que perdería el poder y que Álvarez-Buylla llegaría al Conacyt, como lo anunció López Obrador en el debate presidencial. Durante los meses de transición, como coletazo de la mancuerna Cabrero-Franco se impulsó la llegada de Tag\u00fceña Parga al frente del Foro Consultivo.
Colocar a la responsable del área más golpeada de la ciencia mexicana al frente de un órgano consultivo que debería "trabajar" con la nueva administración parecía un despropósito monumental. Ante esta torpeza, falta de pericia o manipulación política, la comunidad científica se quedó callada.
Ninguno de los integrantes de la mesa directiva del Foro (entre los que se encuentran representantes de la UNAM, UAM, IPN y otras Instituciones de Educación Superior) no hubieran comentado con Álvarez-Buylla la selección de Julia Tag\u00fceña como nueva coordinadora a finales de 2018. Tradicionalmente, los directores del Conacyt siempre eran informados y hasta consultados al respecto, pero en esa ocasión se cambiaron las formas.
En mayo de 2019, en una comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Álvarez-Buylla envió el mensaje claro: "Desgraciadamente, no se nos consultó acerca del nombramiento de la coordinadora\u2026".
Cabe señalar que ninguno de los acusados por la FGR ha cuestionado públicamente las políticas científicas del actual gobierno. Es decir, el pleito no es por cuestionar al gobierno, simplemente se trata de agravios de incorrección política de la transición.
También debe quedar claro que no se trata de un ataque "a la ciencia mexicana" sino a una disputa política en contra de un grupo de exfuncionarios de administraciones pasadas del Conacyt y del Foro. Si hay responsabilidades de cualquier exfuncionario o servidor público, esto se debe investigarse caso por caso conforme al estado de derecho.
Tradicionalmente, el Conacyt ha sido una de las instituciones más opacas de la administración pública y actualmente lo sigue siendo, independientemente de esto, las acusaciones actuales por otorgar recursos al Foro carecen de sustento jurídico. Por ello, la actual situación obedece, a todas luces, a un presunto ajuste de cuentas político, a un pleito telenovelesco de Álvarez-Buylla contra el Foro que ya ha durado tres años, aderezado por una visión sumamente prejuiciosa sobre la ciencia mexicana y la ciencia en general, que ha manifestado públicamente la funcionaria pública.
Pero justamente esto es lo que más preocupa y lo más peligroso para la democracia mexicana y para las instituciones científicas y judiciales: el probable uso faccioso del sistema de justicia del Estado mexicano, al servicio de intereses políticos e ideológicos.
Las acusaciones de la FGR son desmesuradas y desproporcionadas: ha solicitado órdenes de aprehensión en el Cefereso Número 1 “El Altiplano”, mientras a los integrantes de cárteles de las droga y a sus familiares se les prodigan abrazos. Un absurdo jurídico y un despropósito político.
Afortunadamente, a diferencia de muchos otros casos, ahora sí la comunidad científica y académica \u2013entre los que se encuentran científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, El Colegio Nacional, las academias de ciencias, entre otros\u2013 se han manifestado públicamente en contra del monumental atropello y exigen que no se usen las instituciones con fines políticos. Enhorabuena, nunca había existido tal respuesta.
Sería interesante que después de esta reacción los investigadores deberían reflexionar pasar a la acción y buscar construir organismos de representación realmente independientes que contribuyan al avance de la ciencia en México y comprometerse, por fin, en la solución de los problemas del país y en la defensa de las instituciones democráticas.