Es difícil encontrar un logro destacable en los tres primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre los pendientes en la procuración de justicia, la incontrolable impunidad, el combate al crimen organizado, el respeto al Estado de derecho y la inseguridad más amenazante que se ha padecido en las últimas décadas.
Salvo los incondicionales criterios ideológicos propios del fanatismo ajeno a la realidad, la mayoría de la población advierte en estos temas los grandes pendientes del sexenio que comenzará su cuenta regresiva durante la segunda mitad, siempre la más desgastante.
Se ha agudizado el crecimiento de territorios perdidos, en donde la autoridad es inexistente y los grandes grupos criminales imponen sus condiciones borrando cualquier vestigio de legalidad. Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Colima, Chihuahua, el Estado de México y Baja California tienen espacios regionales considerados feudos del narcotráfico. Visto en términos más precisos, prácticamente una tercera parte del país es controlado por organizaciones delictivas que superan ampliamente las capacidades de reacción de las policías estatales abiertamente infiltradas, ni que decir de las municipales abiertamente inoperantes o sometidas a la delincuencia con la premisa de plata o plomo.
A pesar de la abierta militarización que se condenaba por Morena desde la oposición y ahora se impulsa siendo gobierno, la Guardia Nacional, apéndice del Ejército con los residuos de lo que fue la Policía Federal no ha sido una alternativa eficaz para mejorar la situación ya de por sí crítica.
La falta de resultados muestra un panorama sombrío de claudicación para enfrentar la escalada de violencia que consume al país con un escalofriante número de homicidios dolosos.
Según datos de oficiales obtenidos por 2 vías, el INEGI y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2019 y 2020 fueron los años más violentos en la historia. Del 1 de diciembre de 2018 (inicio del sexenio) hasta septiembre de 2021 se registraron 97,532 homicidios dolosos que sumados a los 2,812 feminicidios reportados en el mismo lapso nos llevan a rebasar las 100 mil muertes violentas, sin contar las estadísticas de octubre y noviembre con los que ya se rebasan 105 mil casos.
Una cifra que arroja un saldo catastrófico para la primera mitad del gobierno de AMLO, que hasta ahora ha fracasado en su intención de pacificar al país, una promesa de campaña que se ha basado en voluntarismo carente de efectividad. Así llegamos a los populacheros festejos políticos de un trienio en el que los gobernados no tienen nada que celebrar en materia de seguridad y justicia durante los primeros 36 meses de los 72 que tendrá su gobierno de autodenominada cuarta transformación.
La impunidad empeora, está en niveles del 98% lo que significa que de cada 100 delitos denunciados sólo llegan a castigarse mediante sentencia condenatoria 2. Un escenario dramáticamente conveniente para los delincuentes que ganan terreno para operar con la absoluta certeza de que no serán encarcelados.
Son públicos los gestos de inaudita sensibilidad del Presidente López Obrador hacia los carteles de la droga, a quienes les pide que se porten bien. ¿Qué captura de un gran capo recuerdan en los últimos 3 años? En cambio, queda en la memoria colectiva el saludo personal a la mamá del "Chapo" en una gira a Badiraguato, Sinaloa y la claudicación para liberar a Ovidio Guzmán López quien sigue sin orden de aprehensión, tras su breve detención en octubre de 2019.
El combustible de la impunidad es la corrupción, que sólo ha sido desterrada en los discursos cargados de demagogia, no así en la realidad cotidiana de la población que mayoritariamente votó por un cambio que a estas alturas ya no llegará.
En el campo de la impartición de justicia, la autonomía está bajo asedio. El respeto a las decisiones de los juzgadores federales y el Estado de derecho dejan mucho que desear, en 3 años López Obrador ha sido consistente en su animadversión por toda aquella resolución que afecte sus intereses políticos, aborrece los amparos otorgados contra sus proyectos de infraestructura y ante ello pisotea la Constitución para sacarse de la manga un decretazo que intenta suprimir cualquier juicio de garantías que se encamine a cuestionar las obras emblema de su administración, a las que otorgó la categoría de "seguridad nacional" para facilitar sin condiciones cualquier autorización, dictamen, permiso o licencia que se requiera para agilizar su construcción y de paso cubrir con opacidad cualquier información que permita conocer a detalle el destino de miles de millones de pesos en recursos públicos.
El acuerdo publicado el 22 de noviembre es inconstitucional y símbolo de los excesos del Ejecutivo Federal, será controvertido ante la Suprema Corte de Justicia que durante los últimos 3 años ha visto llegar a su pleno 4 perfiles afines a López Obrador, para intentar dominar al único Poder del Estado mexicano que puede frenar o revertir las decisiones autoritarias de su administración. En este contexto aún queda la esperanza remota de que los recién llegados al Máximo Tribunal se sacudan el yugo de su benefactor para privilegiar autonomía sobre obediencia.
Otro tema que será crucial en los próximos meses, será la Controversia sobre el INE, que ha enfrentado una embestida brutal para anular su papel de árbitro electoral imparcial. El tema de confrontación es la llamada revocación de mandato, que nos hará tirar a la basura casi 3,900 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral no tiene en su presupuesto y que el gobierno federal se niega a subsanar con la mañosa intención de poner contra la pared a un estoico Lorenzo Córdova, que ha dado la batalla para soportar descalificaciones que pretenden minar a una institución que nos ha brindado certeza en la alternancia y que permitió al propio AMLO legitimar su llegada al poder con elecciones transparentes e inobjetables.
Cualquier recuento sobre la mitad del camino, quedaría incompleto sin revisar el desafortunado trabajo de la Fiscalía General de la República al mando de Alejandro Gertz, notoriamente inquisidor para utilizar el poder como mecanismo de venganzas personales que le han llevado de escándalo en escándalo para detrimento de una institución que manipula a su antojo.
Signo de los tiempos han sido también los polémicos relevos en la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Unidad de Inteligencia Financiera que presionó a Eduardo Medina Mora para renunciar a la Corte en medio de sospechas y señalamientos, tibiamente aclarados que le otorgaron otra posición al Presidente López Obrador en el pleno de una Corte encabezada por el ministro Arturo Zaldívar, aliado confeso en amistad del Ejecutivo Federal.
Llegamos a la mitad de una administración que no ha sido benigna para el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación logró la reforma más trascendente en sus últimos 25 años, nublada por un innecesario desgaste producido por el intento fallido de ampliación del periodo de Zaldívar en el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Constitucional.
Tenemos un Presidente que no ejerce la autocrítica y se obsesiona con un proyecto de país que desconoce el diálogo para bien de la democracia, vulnerada por las imposiciones que desconocen la eficacia del derecho.
En la agenda de justicia, México ha dado vuelta en "u" durante los últimos 3 años de un gobierno populista que pretende desconocer la realidad a base de discursos y propaganda.
EDICTOS
Deseo sinceramente que la segunda mitad del sexenio sea mejor que la primera, sin embargo mi anhelo carece de sustento fáctico. La sucesión presidencial se asoma con su estilo más rancio para definir el futuro carente de figuras que ofrezcan un panorama distinto. Lamentablemente la ideología y la confrontación seguirán dominando la escena nacional.