¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Lo más buscado:
Link Copiado
A A

Violan autoridades protocolos de investigación en multihomicidio en Narvarte

Incluso algunos medios han señalado expresamente que han tenido acceso al expediente de averiguación previa.

Rocío Méndez Martes 1 De Septiembre, 2015 · 06:52 am
Violan autoridades protocolos de investigación en multihomicidio en Narvarte
Foto ilustración

A un mes del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, Artículo 19, como defensa de la familia del reportero gráfico Ruben Espinosa, alerta sobre “ciertos aspectos de la investigación que podrían poner en seria duda las conclusiones de la misma y la falta de justicia en el multihomicidio”.

Con la violación de protocolos internos y faltando a la normatividad, la Procuraduría del DF ha filtrado información sobre el caso, de manera “ilegal y dolosa” a medios de comunicación, en “perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”.

Las filtraciones han sido numerosas, al grado que actualmente en internet y en diversos medios han circulado las fotos de los cadáveres, los resultados de química realizados a los cuerpos. Incluso algunos medios han señalado expresamente que han tenido acceso al expediente de averiguación previa.

Artículo 19 demanda enérgicamente “detener las filtraciones que se realizan a medios de comunicación, y que sólo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio, así como a sus familiares, generando un juicio mediático que no abona en nada a la búsqueda de justicia”.

Con fecha 27 de agosto, el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, le ordenó a la PGJDF, a petición de las hermanas de Rubén Espinosa, que instrumente medidas efectivas para resguardar la información de la averiguación previa sobre el multihomicidio y evitar que se haga del dominio público.

La disposición de manera expresa se le hizo al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Director de Comunicación Social de la PGJDF, Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Fiscal Central de Investigación para el Delito de Homicidio, Responsable de Agencia y Agente del Ministerio Público encargado de la investigación.

Las autoridades, al mismo tiempo, “han sido omisas en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa, fotoperiodista de Veracruz, así como los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió, relacionándolos con su asesinato”. En el trabajo de la Procuraduría no ha intervenido la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas, área facultada para el caso.

“La falta de voluntad para agotar esta línea de investigación confirma que desde un principio, la PGJDF no ha investigado los presentes hechos bajo la perspectiva del ataque a la libertad de expresión”.

Artículo 19 “no ha tenido acceso a la declaración del gobernador Javier Duarte ni de altos funcionarios de Veracruz ya que se encuentran en sobre cerrado. Aunque reconocemos dicha diligencia, nos queda claro que es claramente insuficiente para agotar lo que debería ser la línea principal de investigación. En otras palabras, la investigación en el sentido de posible relación con su profesión y las amenazas sufridas en Veracruz son profundamente insatisfactorias”.

Finamente, Artículo 19 cuestiona que –aunque se diga lo contrario- una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron.

Dichas lesiones en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público.

Los más altos estándares internacionales en materia de tortura establecen que cuando una persona bajo custodia de las autoridades presenta lesiones, la carga de probar que no se produjeron malos tratos y tortura a dicha persona corresponde al propio Estado.

Además de resultar inválido en el proceso tal declaración, se requiere que la investigación iniciada por las violaciones al derecho a la integridad personal arroje resultados inmediatos. Los responsables de asegurar que este estándar se cumpla es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.