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Violación a presunción de inocencia, factor de sobrepoblación en cárceles mexicanas: reporte

De acuerdo con un reporte del investigador Guillermo Zepeda respaldado por la Open Society Justice Initiative, el porcentaje de detenidos sin condena en relación con el total de reos es del 42,8 %, y el número de estos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, muestra una tendencia al alza.

EFE Domingo 1 De Mayo, 2016 · 10:30 am
Violación a presunción de inocencia, factor de sobrepoblación en cárceles mexicanas: reporte
Foto ilustración / EFE

Las violaciones sistemáticas al principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva indiscriminada son algunos de los factores que explican la sobrepoblación de las cárceles mexicanas, una situación que intentará frenar la implementación del nuevo sistema judicial.

De acuerdo con un reporte del investigador Guillermo Zepeda respaldado por la Open Society Justice Initiative, el porcentaje de detenidos sin condena en relación con el total de reos es del 42,8 %, y el número de estos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, muestra una tendencia al alza.

En casos como robos de cantidades pequeñas de dinero -entre 200 y 600 pesos (unos 11,4 y 34 dólares)-, el costo que supone mantener reclusa a una persona durante los cuatro meses que dura el proceso supera con creces al importe robado, ejemplifica Zepeda para ilustrar las incoherencias del sistema.

El anterior sistema de justicia penal inquisitivo, que tendrá que desaparecer en todo el país el próximo 18 de junio -fecha límite establecida cuando se puso en marcha el nuevo en 2008-, privilegia las medidas privativas de la libertad y presume la culpabilidad de la persona imputada en el proceso.

Ello terminó por provocar el “colapso” en el sistema, ya que esta práctica, además de acumular a gente en las cárceles, “las ha dejado ahí casi perpetuamente y con graves violaciones a los derechos humanos”, señala a Efe la investigadora Patricia González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta es, en parte, una “cuestión cultural”, ya que “para los mexicanos, en su mayoría, justicia es igual a prisión”.

Y no solo para los ciudadanos, sino también para muchos funcionarios del sistema de justicia, quienes piden la prisión preventiva alegando, incluso para delitos que no son graves, peligro o riesgo de fuga, con interpretaciones que “violan el derecho de la persona a afrontar en libertad un juicio”, asegura González.

El nuevo sistema de justicia acusatorio, que a dos meses de su entrada en vigor en todo el país solo opera totalmente en nueve estados -en el resto todavía lo hace de manera parcial-, encuentra como uno de sus mayores escollos las “resistencias mentales” de los funcionarios, corrobora el periodista Marco Lara Klahr.

Lara, quien imparte talleres de formación sobre el nuevo funcionamiento penal, acusa que hay “prácticas del sistema antiguo (inquisitivo) que se han filtrado al acusatorio”, debido a esta resistencia esgrimida por, entre otros actores, jueces aferrados a las antiguas prácticas.

Figuras a las que habrá que capacitar y sensibilizar para que apliquen de manera pertinente el nuevo sistema, basado en juicios orales y que promueve vías alternas a la prisión preventiva.

“Lo ideal es que funcionen los mecanismos de solución de controversia al inicio de la investigación, cuando se comete el delito, que pueden generar una despresurización del sistema de investigación criminal”, considera González.

Mecanismos como los centros de mediación o el proceso abreviado, que reduce el tiempo del procedimiento estándar cuando el inculpado admite su responsabilidad en los hechos y aprueba ser juzgado conforme a los datos recabados durante una investigación.

La estrategia de reforzar los métodos alternativos se desarrolló de manera “muy satisfactoria” en Chihuahua, el primer estado en el que operó de manera total el nuevo sistema en 2007, aunque el número de personas encarceladas se disparó al poco tiempo por la guerra contra el narcotráfico.

Sin embargo, señala la investigadora, en el año en el que el sistema estuvo implementándose, la prisión preventiva se redujo en el 80 % de los conflictos que se judicializaban y hubo unos 2.000 casos que se resolvieron por procedimiento abreviado.

La sobrepoblación de las prisiones, además de causar problemas de salud y seguridad, limita las oportunidades de reinserción social para los presos.

“Hay una fractura entre la vida del interno con la vida comunitaria, difícilmente se puede reintegrar una persona que ha ingresado en prisión”, porque muchas veces es la misma comunidad quien rechaza a estas personas y los programas promovidos por las autoridades son insuficientes, destaca González.