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SCJN resuelve que es constitucional la Ley de Fiscalización

La ASF emitió un dictamen donde advirtió de diversas irregularidades respecto a la forma en que se contrataron los servicios.

René Cruz Viernes 18 De Septiembre, 2020 · 15:50 pm
SCJN resuelve que es constitucional la Ley de Fiscalización
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) / Página oficial
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los artículos 5 y 36, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, no vulneran los derechos al honor, reputación y prestigio, ni el principio de presunción de inocencia, al existir un interés público.

La resolución de los ministros se dio al analizar el caso de una empresa que firmó un contrato con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y, unos años más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen donde advirtió de diversas irregularidades respecto a la forma en que se contrataron los servicios y en el manejo de los recursos entregados a la empresa.

Las irregularidades se publicaron en el informe individual del resultado de la fiscalización que, a su vez, se difundió en la página de internet de la ASF, de conformidad con los artículos antes mencionados. La empresa promovió un juicio de amparo en contra de dicha publicación, impugnando también la inconstitucionalidad de las normas aplicadas.

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Al respecto, la Primera Sala resolvió que la publicación de los informes se justifica al existir un interés público, y que los artículos combatidos se encuentran en consonancia con los diversos 79 y 134 constitucionales.

Asimismo, argumentó que quien contrata con el Estado, no puede aspirar a la privacidad de la información relativa a ese contrato, pues la sociedad tiene el interés legítimo y constitucional de conocer el destino y administración de los recursos públicos involucrados, o no sería posible evaluar el cabal cumplimiento de los principios del artículo 134, que constituyen los pilares constitucionales de la rendición de cuentas.

Bajo el mismo parámetro, la publicación de las irregularidades encontradas por la ASF no causa una afectación al derecho al honor, reputación o prestigio, que amerite limitar el acceso a información de interés público, dado que rige el principio de la máxima transparencia.