noviembre 27, 2021
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Seguridad y Justicia

SCJN deja vigentes sanciones por llamadas falsas en la CDMX

La fracción IX del artículo 28 de dicha ley considera como falta a la seguridad ciudadana el llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos.

René Cruz
SCJN deja vigentes sanciones por llamadas falsas en la CDMX
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) / Cuartoscuro
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Al no alcanzar la mayoría calificada para declarar la invalidez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó vigentes diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la cual fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que es violatoria de los derechos humanos.

Dicha norma contempla sanciones administrativas para los dueños de líneas telefónicas desde las que se hagan llamadas falsas o de broma. La fracción IX del artículo 28 de dicha ley considera como falta a la seguridad ciudadana el llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos y que constituyan falsas alarmas de siniestros o que produzcan temor o pánico colectivo. Esta falta se sancionará con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Al respecto, el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz argumentó que esta disposición significa una transgresión al principio de presunción de inocencia.

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“La norma mandata a priori tener por responsables a los titulares o poseedores de la línea, una vez que se encuentren probados los hechos que se subsumen a la infracción descrita, la responsabilidad será asignada automáticamente al poseedor o titular de la línea sin valorar el material probatorio y las pruebas de cargo contra el infractor. El proyecto considera que debe declararse la invalidez de la porción normativa de la fracción IX del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México”.

Al hablar en contra del proyecto, la ministra Margarita Ríos Farjat consideró como razonable la sanción que establece la legislación.

“Desde mi perspectiva es razonable, en términos de convivencia social, que se atribuya un deber garante a las personas de una responsabilidad sobre el uso que se les da a sus líneas telefónicas. No es un problema de la identificación de quien realiza la conducta, sino de un deber de cuidado en los titulares de las líneas telefónicas sobre el uso que se les da y que de actualizarse la conducta, lo que se acredita es que no observaron, quién utiliza tu línea, a quién se la prestas, a quien le autorizas su uso. Por eso, no comparto que se aplique el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba de manera tan estricta como si se tratara de una sanción penal”.

Asimismo, los ministros validaron la fracción X, del artículo 28, que establece multas de mil 882 a 2 mil 688 pesos o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas a quien altere el orden; siempre y cuando la autoridad funde y motive las circunstancias particulares de cada caso.