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Promover inmunidad para Zedillo demuestra que ‘política mexicana encubre prácticas autoritarias’

Juan Carlos Gutiérrez, Director de la CMDPDH, aclaró que “resulta injustificable” que la defensa diplomática de Zedillo realizada por la SRE, tuviera como argumento central el conocimiento por parte de un juez estadounidense de actos que se desprenden de actuaciones oficiales.

 

Rocío Méndez Viernes 14 De Septiembre, 2012 · 21:50 pm
Promover inmunidad para Zedillo demuestra que ‘política mexicana encubre prácticas autoritarias’
Promover inmunidad para Zedillo demuestra que ‘política mexicana encubre prácticas autoritarias’

Al promover la inmunidad del ex presidente Ernesto Zedillo acusado de ser responsable de violaciones de derechos humanos, la Cancillería mexicana “va en contra del mandato constitucional de defender y promover los derechos humanos contenidos en la misma Carta Magna y los tratados internacionales como eje rector de la política exterior”; con ello demuestra que “la política de México en la materia sigue apostando, por la vía de los hechos, al blindaje de prácticas autoritarias en vez de servir al fortalecimiento de los principios democráticos que este gobierno suele invocar en su discurso ante la comunidad internacional”, expresa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH).

Juan Carlos Gutiérrez, Director de la CMDPDH, aclaró que “resulta injustificable” que la defensa diplomática de Zedillo realizada por la Cancillería, tuviera como argumento central que el conocimiento por parte de un juez estadounidense de actos que se desprenden de actuaciones oficiales de un Jefe de Estado mexicano “es violatoria de la soberanía nacional”, ignorando por completo el desarrollo internacional de la llamada “jurisdicción universal”, mediante la cual los juzgadores de cualquier país, incluso los mexicanos, “están facultados para conocer de casos en los que estén involucradas personas extranjeras en la comisión de crímenes internacionales, como los alegados por las víctimas en el caso de la matanza de Acteal.”

“Cualquier acusación sobre la presunta participación de una persona en graves  violaciones de derechos humanos, debe ser investigada y decidida por un tribunal, incluso si el acusado es un funcionario de alto nivel como un ex presidente”, explicó por su parte Ximena Andión, Presidenta de la CMDPDH. “El argumento de la soberanía no puede ni debe ser un obstáculo o pretexto para evitar sancionar a los responsables de la comisión de normas universales y sólo un juez es quien debe decidir sobre esta presunta responsabilidad” agregó la experta.

La agrupación humanitaria advierte que el gobierno de Felipe Calderón, lejos de invocar los más altos estándares para la protección de los derechos humanos de la población que demanda -ante la falta de justicia en cortes locales y la consideración judicial de sus casos, como le obliga la Constitución- la Cancillería empleara en su escrito de solicitud de inmunidad, un conjunto de precedentes sobre inmunidad en los cuales figuran personas  involucradas en crímenes de lesa humanidad, como genocidio, así como el asesinato del ex presidente de Rwanda en el caso de Paul Kagame (citado caso Habyarimana vs. Kagame), violaciones graves de derechos humanos en un régimen autoritario como el de la China de Jiang Zemin (citado caso Wei Ye v. Jiang Zemin), entre otros ejemplos fuertemente cuestionados por ser contrarios a derechos humanos, como el caso de Lafontant, opositor político asesinado en prisión durante el régimen de Jean Bertrand Aristide en Haití, detalla la CMDPDH.

El organismo “lamenta la precaria y equívoca posición del gobierno federal ante el caso Zedillo en Estados Unidos y exige a las autoridades que observen de manera puntual sus obligaciones constitucionales en materia de relaciones exteriores”. Las víctimas de violaciones “tienen derecho a buscar justicia para que los responsables, tanto materiales como intelectuales,  que permitieron  la comisión de actos atroces como la matanza de Acteal no queden en la impunidad”, sentencia la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.