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La SCJN invalida la llamada muerte civil en Jalisco

El ministro Luis María Aguilar Morales aseveró que esta sanción genera un efecto estigmatizante en la persona.

René Cruz Jueves 12 De Noviembre, 2020 · 19:49 pm
La SCJN invalida la llamada muerte civil en Jalisco
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) / Cuartoscuro
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 144, fracción IV, inciso b) del Código Penal de Jalisco, el cual establecía la inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas para los responsables de delitos por hechos de corrupción, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito, excediera el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El pleno del Alto Tribunal aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que dicha sanción es excesiva y desproporcional, que afecta la libertad de trabajo, el derecho de acceso a los cargos públicos y el derecho a ser votado.

“Dado de la severidad de la pena combatida, se encuentra configurada de manera excesiva y desproporcionada, es así, pues esta permisión de que se pudiera establecer como sanción una restricción al ejercicio de un derecho humano como lo es el de ser votado o la que corresponde a la libertad de trabajo de manera permanente, sin sujeción alguna a determinada temporalidad y por tanto, acompañando, al infractor por el resto de su existencia resulta contraria a la proscripción estatal de la aplicación de las penas que no sean difamantes, crueles, excesivas o contrarias a la dignidad del ser humano”.

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Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales aseveró que esta sanción genera un efecto estigmatizante en la persona.

“La inhabilitación perpetua, también conocida como muerte civil, se traduce en un mecanismo de marginación, exclusión y prohibición vitalicia del ejercicio de uno de los derechos de participación como lo es el acceso a la función pública, por lo que esta muerte civil atenta contra el principio de rehabilitación, además la posibilidad de imponer una pena de inhabilitación perpetua estigmatiza a las personas para el desempeño de algún cargo en el servicio público y vulnera el derecho de las personas a votar y ser votados”.

Además, la SCJN invalidó el artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se preveía como sanción administrativa para los particulares que hubieren incurrido en actos de corrupción, la inhabilitación perpetua para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.