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Ve ONU DH creciente ola de violencia feminicida en México; víctimas exigen justicia

Madres de víctimas de feminicidio subrayaron que en México las mujeres siguen siendo asesinadas porque “no pasa nada” y porque es más fácil declarar que los casos son suicidio, no feminicidio.

Angélica Melín Lunes 11 De Marzo, 2019 · 13:10 pm
Ve ONU DH creciente ola de violencia feminicida en México; víctimas exigen justicia
Audiencia pública " Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional" en la Cámara de Diputados / TW @DiputadosMorena

En la Cámara de Diputados, madres de víctimas de feminicidio expusieron sus respectivos casos, y coincidieron en que el sistema de procuración en México no tiene perspectiva de género, los jueces no aplican esos criterios y las investigaciones se llevan a cabo de manera deficiente.

Durante la audiencia pública ”Feminicidios, emergencia nacional, impunidad institucional”, las invitadas subrayaron que en México las mujeres siguen siendo asesinadas porque “no pasa nada” y porque es más fácil declarar que los casos son suicidio, no feminicidio.

Refirió que en tan solo una década, el número de asesinatos de mujeres se triplicó, al llegar a tres mil 430 casos registrados.

Subrayaron que las mexicanas siguen siendo asesinadas porque “no pasa nada” y porque es más fácil declarar que los feminicidios son suicidios, debido al alto grado de impunidad existente.

En particular, Cardenas Oliva, de ONU DH, hizo énfasis en la preocupación por la ola de violencia en México, que en 2017, dejó un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres; mientras que en 2018 el número llegó a tres mil 606 feminicidios.

En enero de este 2019 se han presentado 304 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales, solo 75 están en investigación conforme al protocolo para feminicidio.

Recalcó que el promedio de feminicidios en México fue de nueve al día en 2018, y este año el índice subió a 10 por día; aunado a que se mantiene el índice de violación sexual en una cada hora.

Tras agregar que se tiene conocimiento de la existencia de nueve mil 327 mujeres desaparecidas en el país, advirtió que los delitos de violación sexual y desaparición, son la antesala del feminicidio.

Recalcó que México ha recibido reiteradas observaciones de organismos internacionales, sobre la problemática de violencia contra mujeres, pero la atención a las mismas no es la que se esperada, ya que a 10 años de la emisión de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del “Campo  Algodonero”, éste sigue pendiente de resolver.

Apuntó que desde el año 2006 y hasta 2018, México ha recibido constantes recomendaciones para que tipifique de manera adecuada el delito de feminicidio; y establezca protocolos homologados para la búsqueda de desaparecidas y dar atención homogénea a los casos respectivos.

Fue enfática al indicar que la impunidad en casos de violencia contra mujeres agrava los efectos de ese tipo de delitos.

Si el Estado no sanciona a los infractores, se intensifica violencia y envía un mensaje de que la situación es incontrolable e incluso permanente, dijo.

Al manifestar que la ONU confía en que México atienda los llamados de la comunidad internacional, enfatizó que las mujeres y niñas no pueden esperar. “¡No queremos ni una más!”, apuntó.

Al presentar su testimonio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, cuyo asesinato fue catalogado como suicidio, exigió que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género, puesto que los jueces desconocen o no aplican ese criterio, no cumplen las recomendaciones de los organismo internacionales y en sum ano procuran justicia.

Araceli Osorio, madre de la joven Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fuer localizado en mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, con signos de violencia, señaló que las víctimas y sus familias no están dispuestas a otorgar “perdón ni olvido”, se demanda castigo a los asesinos.

Silvia Vargas Velasco, madre de María Fernanda Rico Vargas, víctima de feminicidio en el Estado de México, recalcó que para la autoridad, es más fácil argumentar suicidio para no realizar investigaciones a fondo y de manera adecuada.

María Antonia Márquez Fernández, madre de Nadia Alejandra Muciño, que en 2003 denunció secuestro y agresiones y en 2004 fue asesinada por su concubino y un familiar de éste, frente a sus tres hijos menores de edad, lamentó haber tenido que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado mexicano no fue capaz de brindarle justicia.

Norma Andrade, cofundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, madre de Lilia Alejandra Andrade, desaparecida en 2001 en Chihuahua, recordó que ha sido víctima de dos atentados con arma de fuego y fue trasladada a la Ciudad de México con el pretexto de brindarle seguridad, pero con el fin último de acallarla, señaló que a 18 años de la desaparición y asesinato de su hija los gobiernos de la entidad no han hecho “absolutamente nada”.

En su oportunidad la abogada Karla Michel Salas, remarcó que en ese contexto, dejar sin  refugios a las víctimas de violencia extrema, representa un riesgo mayor a la vida de quienes buscan a sus hijas y exigen justicia por su desaparición y muerte.

Recalcó que es preciso dar seguimiento a los recursos destinados, 350 millones de pesos en 2018, ya que de esa suma, 130 millones fueron asignados a organizaciones, 30 millones más fueron canalizados a centros abiertos por autoridades gubernamentales, y se desconoce el uso de aproximadamente 150 millones de pesos.