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Trabajo carcelario obligatorio podría fortalecer readaptación social: diputado

Arturo Camarena García indicó que los cambios al sistema de readaptación social son urgentes, ya que tanto internos como ex presidiarios, mantienen conductas delictivas y antisociales incluso más graves que las que derivaron en su aprehensión.

Angélica Melín Domingo 30 De Septiembre, 2012 · 20:39 pm
Trabajo carcelario obligatorio podría fortalecer readaptación social: diputado
Trabajo carcelario obligatorio podría fortalecer readaptación social: diputado

Con programas de trabajo obligatorios en centros penitenciarios del país, la readaptación social de los internos podría ser efectiva, consideró el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Arturo Camarena, quien se pronunció a favor de una reforma al sistema penitenciario mexicano.

A unos días de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentara el informe 2011 sobre las condiciones en los penales del país, que indica que en 60 por ciento de las cárceles del país aplica el “autogobierno” del crimen organizado, el legislador subrayó que la situación requiere acciones inmediatas para frenar el riesgo potencial que representan dichos centros para la población interna y para la sociedad en su conjunto.

Camarena García indicó que los cambios al sistema de readaptación social son urgentes, ya que tanto internos como ex presidiarios, mantienen conductas delictivas y antisociales incluso más graves que las que derivaron en su aprehensión.

Calificó los penales del país como “lugares comunes de ocio, corrupción, anarquía, violencia, insalubridad, venta de drogas, bebidas alcohólicas y prostitución, a lo cual se suma la sobrepoblación como una de las principales causas de la crisis de la readaptación social, porque genera hacinamiento y un entorno que no contribuye a corregir al infractor”. 

Manifestó que la sobrepoblación penitenciaria también representa un riesgo potencial de riñas, motines y fugas masivas, como la registrada hace unos días en el penal de Piedras Negras, en Coahuila, donde más de 130 reos escaparon. Esto, compromete la capacidad de atención, gestión, control y estabilidad en la prisión, puntualizó.

Externó que la política de aplicar penas más severas en las prisiones no ha funcionado como se esperaba, cuando la solución está en detectar las causas del aumento de la criminalidad, combatirlas y prevenirlas con acciones como educación y trabajo.

Si el tratamiento penitenciario se centrara en programas de educación y empleo obligatorio para quienes infringieron la ley, el objetivo de reintegrar a los individuos a la sociedad podría cumplirse en mayor medida.

La inclusión social, a través de actividades productivas que ayuden al infractor a retomar su vida familiar y en la comunidad, debería ser un aspecto prioritario en el sistema penitenciario, ya que mientras en las cárceles no se prepare al sujeto para recuperar la libertad, la probabilidad de que vuelva a delinquir dentro o fuera de los centros de readaptación es cada vez mayor.

Lamentó que la mayoría de las cárceles del país, no brinden las condiciones necesarias que establece el artículo 18 de la Constitución, que establece como factores para evitar la reincidencia delictiva, el fomento del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Dijo que con cambios a la norma constitucional, para que el trabajo penitenciario sea obligatorio y se considere un elemento para cumplir con las penas impuestas por la autoridad judicial, la reinserción sería más factible.

A la propuesta agregó la solicitud de que los gobiernos federal y estatales establezcan convenios con la iniciativa privada para generar los empleos que sean necesarios.