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Senado avala reforma para proteger derechos de migrantes

El proyecto, avalado por 81 votos y que se envió a la Cámara de Diputados, establece que correspondería a la Procuraduría General de la República (PGR) celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar acciones para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas los migrantes.

Notimex Miércoles 16 De Marzo, 2016 · 17:47 pm
Senado avala reforma para proteger derechos de migrantes
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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó un dictamen que propone incorporar a la Ley de Migración los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes.

El proyecto, avalado por 81 votos y que se envió a la Cámara de Diputados, establece que correspondería a la Procuraduría General de la República (PGR) celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar acciones para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas los migrantes.

Los senadores modificaron la redacción de un artículo de la minuta para precisar que la política migratoria se sustentará bajo el interés superior de la niña, niño o adolescente y la perspectiva de género.

Al presentar el dictamen, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que el número de mujeres y niños migrantes se ha incrementado y representan dos de los grupos vulnerables en la materia.

Planteó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos de los migrantes conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Después se aprobó con 79 votos en favor una minuta que reforma la Ley de Migración, con el objetivo de precisar que la política en materia migratoria se instrumentará con respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal lleven a cabo de manera conjunta programas, medidas y acciones que promuevan la seguridad de los migrantes en su tránsito por zonas de alto riesgo.

Con esa reforma también se establece que los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el reglamento de la Ley y deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana.

También pretende garantizar el respeto a las garantías del extranjero presentado y facilitar su comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que reciba por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias a donde se puedan presentar denuncias y quejas.

Al respecto, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Partido del Trabajo (PT), destacó la importancia de esta reforma para fortalecer el marco jurídico y contribuir en gran medida a garantizar los derechos humanos de los migrantes.

El senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca concentran la mayoría de los casos de migrantes presentados ante las autoridades migratorias y que provienen de Centroamérica.

Por otra parte, el Senado remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos el dictamen a la minuta por la que se adiciona una fracción VI al Artículo 48 de la Ley de Migración, para impedir que los nacionales que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su adeudo.

El dictamen aprobado por unanimidad con 76 votos destaca que en México, además que el derecho a la alimentación de niños y niñas está consagrado en la Constitución Política y regulado en el Código Civil Federal, se encuentra también establecido en diversos tratados internacionales de los que el país es parte.

Destaca que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los alimentos son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede se atacaría al orden público y se afectaría al interés social.

Por lo tanto, el derecho a recibir alimentos es irrenunciable y no puede ser objeto de transacción, y nace de la necesidad que tienen los acreedores alimentistas para sufragar sus necesidades más elementales de subsistencia.