¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Link Copiado
A A

Se retiran ONG’s del mecanismo capitalino de protección a periodistas y defensores

Para la sociedad civil era relevante que se tomaran medidas para transparentar el presupuesto de la instancia, que se informara por escrito los acuerdos de cada sesión a fin de que todas las partes involucradas los conocieran y les dieran seguimiento, que se elaborara un informe trimestral y trabajara en colaboración con el Mecanismo federal.

Rocío Méndez Jueves 15 De Mayo, 2014 · 07:46 am
Se retiran ONG’s del mecanismo capitalino de protección a periodistas y defensores
Foto archivo

Organizaciones civiles que integraban el Mecanismo de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal anunciaron su salida del instrumento en protesta por las agresiones de las autoridades capitalinas en contra de activistas y periodistas y en rechazo a la omisión frente a peticiones como la instrumentación de medidas de protección para las personas defensoras y periodistas que radican en la Ciudad de México o se refugian aquí.
 
En lo que va de 2014, el Comité Consultivo fue convocado sólo a una sesión ordinaria por la Secretaría Ejecutiva del mecanismo, a pesar de que cada mes se debía realizar esta reunión. Las activistas se quejaron de que no se les haya inconvocó a reuniones de trabajo con el argumento de que no había casos nuevos, pese a que era necesario atender los pendientes y actualizar los casos de personas beneficiarias.  

El Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociadas por los Justo (JASS), Propuesta Cívica, y la Asociación Mundial de Radios  Comunitarias México (AMARC-Mx), también se quejaron de la falta de respuesta a sus reclamos y recomendaciones para “mejorar” los procedimientos; coincidieron en que no pueden participar en una instancia que no cuenta con las condiciones mínimas para trabajar a favor de las personas defensoras. 
 
Asimismo recordaron que desde el 1 de diciembre de 2012 las autoridades capitalinas han tomado acciones para criminalizar la protesta social, poniendo en riesgo las garantías constitucionales y debilitando la cultura de protección de los Derechos Humanos (DH), por lo que pidieron que mantengan el respeto a la ciudadanía que hasta hace algunos años caracterizaba a la ciudad. 
 
Las agrupaciones detallan que el mecanismo, creado el 29 marzo de 2012 a través de un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
 
Las activistas criticaron que no se ha convocado a reuniones de trabajo con el argumento de que no había casos nuevos, pese a que era necesario atender los pendientes y actualizar los casos de personas beneficiarias. Además, resaltaron  que desde el 1 de diciembre de 2012 las autoridades capitalinas han tomado acciones para criminalizar la protesta social, poniendo en riesgo las garantías constitucionales y debilitando la cultura de protección de los Derechos Humanos (DH), por lo que pidieron que mantengan el respeto a la ciudadanía que hasta hace algunos años caracterizaba a la ciudad.   

Las agrupaciones detallan que el mecanismo, creado el 29 marzo de 2012 a través de un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
 
De acuerdo con las organizaciones, en diversos momentos informaron de forma pública esta situación y enviaron cartas a la Secretaría Ejecutiva, al subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de las cuales nunca tuvieron respuesta. 
 
A decir de las defensoras, desde la instalación del Mecanismo han llegado 51 casos y si bien todos fueron revisados por las expertas ciudadanas –quienes hicieron los análisis de riesgo y recomendaciones de protección–, indicaron que las autoridades fueron omisas al implementar las medidas. 
 
En este contexto, según las agrupaciones, en otras ocasiones ya habían señalado la necesidad de dotar al Mecanismo de un marco legal que le diera certeza y definiera las obligaciones de las autoridades, para salvaguardar la vida e integridad de periodistas y el derecho a defender los DH. También pidieron que se asegurara que la Secretaría Ejecutiva contara con personal que cubriera el perfil requerido en el convenio, y se dedicara exclusivamente a esta labor, además de garantizar la interlocución efectiva con las personas integrantes del Mecanismo.
 
Para la sociedad civil era relevante que se tomaran medidas para transparentar el presupuesto de la instancia, que se informara por escrito los acuerdos de cada sesión a fin de que todas las partes involucradas los conocieran y les dieran seguimiento, que se elaborara un informe trimestral y trabajara en colaboración con el Mecanismo federal.
 
Una de las propuestas fue pedir que se establecieran rutas claras y ágiles para asegurar la implementación efectiva de medidas de protección y seguimiento a las denuncias de amenazas o agresiones presentadas por periodistas y personas defensoras.
 
Al señalar las limitantes del funcionamiento del Mecanismo, las organizaciones aseguraron que las autoridades deben atender estas inconsistencias para salvaguardar la vida, integridad y labor de los defensores y activistas y generar mejores condiciones de diálogo e interlocución con la sociedad civil.
 
Las activistas aseguraron que aunque se retiran del Mecanismo, se mantendrán como observadoras y confiaron en que la instancia se fortalezca, cuente con presupuesto y personalidad jurídica, y se creen las condiciones para que funcione realmente.

A decir de las defensoras, desde la instalación del Mecanismo han llegado 51 casos y si bien todos fueron revisados por las expertas ciudadanas –quienes hicieron los análisis de riesgo y recomendaciones de protección–, indicaron que las autoridades fueron omisas al implementar las medidas. 

En este contexto, según las agrupaciones, en otras ocasiones ya habían señalado la necesidad de dotar al Mecanismo de un marco legal que le diera certeza y definiera las obligaciones de las autoridades, para salvaguardar la vida e integridad de periodistas y el derecho a defender los Derechos Humanos.
 
Las activistas aseguraron que aunque se retiran del Mecanismo, se mantendrán como observadoras y confiaron en que la instancia se fortalezca, cuente con presupuesto y personalidad jurídica, y se creen las condiciones para que funcione realmente.