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Sale en San Lázaro, con cambios, nueva Ley de FGR; regresa al Senado

Bancadas, en coordinación con FGR, acuerdan aprobar seis reservas con propuestas de cambio, para atender demandas de colectivos de víctimas.

Angélica Melín Viernes 23 De Abril, 2021 · 06:12 am
Sale en San Lázaro, con cambios, nueva Ley de FGR; regresa al Senado
*Es simulación; tomaron las propuestas de los familiares de las víctimas y las “descafeinaron”, acusa la diputada de MC, Martha Tagle / Cuartoscuro
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La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) en lo general y lo particular.

Tras una larga discusión de casi 12 horas en las cuales, los señalamientos mutuos entre mayoría y oposición, por la desatención a las demandas de los colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos, fue central, y donde se promovieron seis cambios al proyecto como un intento de subsanar esa falta, el ordenamiento se aprobó en lo general y lo particular.

*Información relacionada: Diputados aprueban en lo particular nueva Ley de FGR

Debido a las modificaciones referidas, entre las que se estableció la atracción de casos del fuero común por parte de la Fiscalía, conforme a la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables; así como la atracción de casos a petición de las víctimas, el proyecto regresará al Senado de la República.

La votación general fue de 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones.

En lo particular, avanzó con votación de 334 a favor, 109 en contra y cinco abstenciones.

De las 194 reservas presentadas en total, se aprobaron seis propuestas que, denunció en todo momento la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, fueron “palomeadas” por la FGR.

Los ajustes tienen que ver con la facultad de atracción de la FGR; las facultades de las fiscalías especializadas, en casos de trascendencia social, cuando haya declaración de violaciones graves a derechos humanos, cuando se trate de delitos del orden federal; para atender a víctimas del delito, para atender crímenes contra menores de edad, en casos que sean de competencia de la Federación.

La Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, investigará y perseguirá delitos del orden federal en materia de tortura, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares; y contra periodistas.

También tratará asuntos de violaciones graves a derechos humanos; delitos federales que involucren a pueblos o comunidades indígenas; asuntos de transcendencia social.

Al defender esas modificaciones, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también de Movimiento Ciudadano (MC), señalaron que permitirán un acceso eficaz a la justicia, incluyendo a comunidades indígenas, cuando sus derechos fundamentales se vean afectados.

Al pronunciarse en contra, la diputada Tagle Martínez consideró que lejos de ampliar facultades, se limita el campo de acción de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, justo lo contrario de lo que exigen las víctimas.

Otra de las reservas refiere a la facultad del fiscal, de promover controversias constitucionales contra otros organismos autónomos, el Ejecutivo o el Legislativo; promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales en materia penal.

El fiscal podrá solicitar a la Corte, atraiga recursos de apelación contra sentencias de órganos jurisdiccionales competentes en los juicios, que por su trascendencia lo ameriten y amparos directos o en revisión.

La Fiscalía, determinó la mayoría, podrá crear comisiones especiales temporales para colaborar con investigaciones de fenómenos delictivos federales, que según el fiscal, lo ameriten, incluyendo casos de atentados a la dignidad, afectación a grupos de personas por razón de origen étnico, raza, discapacidad, lengua, género, sexo, identidad o preferencia sexual o condición de género, estado civil y otras razones. Dichas comisiones tendrán enfoque de “acceso a la verdad”.

Avalaron que los agentes del Ministerio Público tendrán facultad y obligación de recibir propuestas de líneas de investigación que se les formulan a las víctimas y asesores, para modificar planes de investigación; dar acceso a registros y proporcionar copia gratuita de registros, para facilitar su conocimiento.

La Fiscalía deberá garantizar a las víctimas y sus representantes, el derecho de presentar peritajes independientes, y de acceder a registros en las carpetas de investigación; garantizar protección y asistencia; garantiza consulta de la información de del Banco Nacional de Datos Forenses para identificar restos; garantizar perspectiva de género; e intérpretes y traductores.

Con ello, señaló la mayoría, se habrían dado por atendidos los reclamos de los colectivos de víctimas.

En particular y al calificar como “chiquitas” las reservas, la diputada Tagle insistió en que son “simulación”, porque sólo se ajustó lo que dispuso la Fiscalía General.

Se retomaron las propuestas de los colectivos y defensores, pero fueron “descafeinadas”, con el fin de pretender que se atendió el clamor de los familiares de las víctimas entre otros delitos, de desaparición forzada, dijo la legisladora.

Al inicio del debate, la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, mostró frente a la Tribuna de San Lázaro una manta con la frase “¡Nunca más sin las familias de las víctimas!”.

Al presentar el dictamen, se destacó que la nueva norma refuerza la condición de autonomía de la Fiscalía General, que será un organismo capaz de realizar investigaciones independientes y eficaces, a fin de garantizar el acceso a la justicia.

La norma contempla los ejes rectores de la conducta de los servidores públicos de la Fiscalía; apunta que estará integrada por el Fiscal General, la fiscalía de Control Competencial, Control Regional, Especializada en materia de Delitos Electorales, Especializada en Delincuencia Organizada, Especializada en Materia de Combate a Corrupción, Especializada en Derechos Humanos, Especializada en Asuntos Internos, la Agencia de Investigación Criminal, la Oficialía Mayor, el Órgano Interno de Control y las demás unidades creadas por mandato legal o las que determine el Fiscal.

La Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de investigaciones, solicitar al órgano jurisdiccional competente, la autorización para intervenir comunicaciones privadas.

Podrá solicitar y recibir de concesionarios de telecomunicaciones, y de personas autorizadas y proveedores de servicios de aplicación y contenido, la localización geográfica en tiempo real de los equipos móviles y datos conservados.

El Fiscal sólo podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal, por violar la Ley General de Responsabilidades o por delitos a los que aplique prisión preventiva oficiosa.

Para ello, el Ejecutivo deberá acreditar la causa grave para destituirlo. El Senado de la República decidirá si objeta la destitución por voto mayoritario de los congresistas presentes, en un plazo de 10 días hábiles.

Los artículos transitorios de la Ley indican que la Fiscalía tendrá 90 días naturales para emitir su Estatuto Orgánico; 180 días para emitir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera; tendrá 90 días para que la Oficialía Mayor constituya el Fideicomiso Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia.

Añaden que la Cámara de Diputados deberá destinar recursos suficientes para la instalación gradual y consolidación de la Fiscalía General y “la liquidación del personal que decida concluir su relación laboral”.

El titular tendrá un año para emitir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la Fiscalía General, a presentar ante el Senado de la República.