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Sacan diputados ley de Protección de testigos y sanción a personas morales

La Cámara de Diputados aprobó con 295 votos a favor, cero en contra y una abstención el dictamen que adiciona y deroga disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad de las personas morales.

Angélica Melín Sábado 28 De Abril, 2012 · 11:04 am
Sacan diputados ley de Protección de testigos y sanción a personas morales
Sacan diputados ley de Protección de testigos y sanción a personas morales

La Cámara de Diputados aprobó por 285 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en Procedimiento Penal, es decir, la protección de testigos que colaboran en casos judiciales, incluyendo los que pertenecen a la delincuencia organizada, pero coadyuvan en la resolución de casos.

De igual modo, dio luz verde con 295 votos a favor y una abstención, a reformas al Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad de personas morales, a fin de sancionar penalmente a empresas que se constituyan o sean utilizadas, para actividades delictivas como el lavado de dinero, delitos contra la salud, trata de personas y que estén involucradas en casos de corrupción.

En el caso de la protección a las personas que intervienen en el proceso electoral, detalló Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, se reglamentan los distintos tipos de testigos: quienes son víctimas del delito, testigos circunstanciales y los llamados “testigos colaboradores”, es decir, delincuentes que ayudan en investigaciones.

Al señalar que en la práctica, el sistema de protección de testigos en México ha fracasado, el priísta subrayó la importancia de establecer medidas específicas de protección, la creación de un fondo de recursos públicos para asistencia médica, sicológica y siquiátrica; así como la creación del Centro Federal de Protección a Testigos, como órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República (PGR).

En dicho Centro, se aplicarán a quienes se encuentren en riesgo o peligro en el marco de una investigación, estudios psicológicos, clínicos y los que sean necesarios para garantizar que el sujeto permanezca en el programa y su identidad quede resguardada.

También serán considerados como testigos protegidos, quienes participan en las indagatorias: víctimas, peritos, policías, jueces, ministerios públicos y todo aquel que por el procedimiento, pueda encontrarse en situación de riesgo o peligro.

La información sobre los “testigos” es reservada y confidencial, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia; mientras que la ley regula el inicio, duración y terminación del programa de testigos.

El “testigo colaborador” es un miembro de la delincuencia organizada que “voluntariamente” ofrece ayuda, testimonio o aporta otro tipo de pruebas para investigar, procesar o sentenciar a otros integrantes de organizaciones delictivas.

Las medidas de protección se aplicarán de acuerdo al grado de riesgo, a fin de garantizar la seguridad e identidad personal.  Como parte de las medidas de seguridad, al sujeto se le brindará ayuda de tipo económico, para vivienda y gastos indispensables dentro o fuera del país, si es que no puede acceder por si mismo a ello.

Entre las medidas procesales se incluye verificar que en diligencias, no se haga referencia alguna al nombre, domicilio o cualquier otro dato del testigo.

A  los testigos que incumplan las condiciones de secrecía establecidas y revele información referente al programa, se le aplicarán de seis a 12 años de prisión.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, señaló que con las normas aprobadas, se dota de instrumentos a la autoridad persecutora, para la debida protección de personas y el combate a la delincuencia.

No obstante, su compañero de bancada, Jaime Cárdenas, consideró que la figura del “testigo colaborador” es similar a la del arraigo, que poco a poco se ha ido fortaleciendo, pese a los abusos a los que se ha prestado por parte de quienes la ejecutan.

La normatividad pasó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Mientras tanto, las reformas hechas a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, agregó el diputado Benítez Treviño, permitirán fincar responsabilidades penales a personas morales que delinquen en distintas modalidades: que sean creadas para eludir al fisco y cometer ilícitos como el lavado de dinero, delitos contra la salud, cohecho, trata de personas y turismo sexual.

La norma reconoce la responsabilidad de la persona moral que podrá ser sancionada con multas de hasta 200 mil salarios mínimos, equivalentes a 12 millones de pesos, con la suspensión temporal, el decomiso de bienes y la disolución de la empresa.

Los diputados federales que respaldaron las nuevas disposiciones, manifestaron que serán útiles en el combate al lavado de dinero. Aseveraron que se trata un paso importante en derecho penal.

Incluso, el diputado Cárdenas Gracia, dijo que si la norma se hubiese aprobado antes, habría permitido sancionar a los responsables del llamado “PEMEXGATE”, es decir, el presunto caso de desvío de recursos de la paraestatal a campañas electorales.

Detallaron que la responsabilidad aplicable a la persona moral, no libra a las personas físicas o ciudadanos relacionados, de responder ante la ley.

Enfatizaron que será útil en la persecución de empresas que caen en corrupción, como la cadena de tiendas de autoservicio Walmart, o que tienen vínculos con la delincuencia organizada

Con esas modificaciones, añadió el petista Mario DiCostanzo, se podrá castigar a los grandes evasores de impuestos, como el propio Walmart, Cemex y Televisa.

El único aspecto que Cárdenas calificó como “inaceptable”, es que se haya dejado fuera de la responsabilidad penal a otros organismos como sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, los poderes de la Unión e instituciones públicas.

La norma que después de ser aprobada se envió al Senado para dar continuidad al proceso legislativo, sufrió una modificación propuesta por el diputado panista Óscar Martín Arce Paniagua, en el sentido de que las personas morales serán responsables, cuando tengan conocimiento del acto ilícito cometido.