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Reformas para protección a periodistas incluirá cambios a daño moral

El paquete de reformas se dividirá en cuatro temas, relativos a la materia civil, materia penal, propaganda y transparencia y acceso a la información.

Angélica Melín Miércoles 12 De Febrero, 2020 · 20:00 pm
Reformas para protección a periodistas incluirá cambios a daño moral
la Comisión de Gobernación presentó las conclusiones de las rondas de parlamento abierto sobre una Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas
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En la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación presentó las conclusiones de las rondas de parlamento abierto sobre una Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que participaron representantes de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y defensoras de la libertad de expresión.

La presidenta de la Comisión y diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Rocío Barrera, destacó que entre los apuntes finales, se determinó no crear una sola ley general en la materia, sino promover un paquete de reformas integrales que entre otras cosas, derivarán en modificaciones en materia de daño moral, para que ese tipo de figuras legales no siga siendo utilizadas para agredir y limitar el ejercicio periodístico, así como la libertad de expresión.

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“Se determinó preferible realizar adecuaciones específicas a los instrumentos jurídicos existentes, que crear una nueva ley. Se estimó conveniente transitar hacia una coordinación en materia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional, sin que ello implique adoptar un esquema de ley general que requeriría una reforma constitucional y un tiempo considerable, garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mecanismo. Es absolutamente necesario garantizar el presupuesto asignado para el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”, planteó la diputada Barrera Badillo.

La congresista agregó que las primeras iniciativas se presentarán la siguiente semana, se otorgará un plazo de dos semanas para hacer observaciones y después iniciará el proceso de dictaminación.

El objetivo es aprobar dichos cambios antes de que finalice el mes de abril o a más tardar, antes de que finalice el año.

El paquete de reformas se dividirá en cuatro temas, relativos a la materia civil, materia penal, propaganda y transparencia y acceso a la información.

Las leyes a reformar serán el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley Federal de Archivos, la Ley Sobre Delitos de Imprenta, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia.

El primer bloque de reformas, abundó, prevé derogar la Ley de Imprenta vigente.

En su intervención, el representante de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, enfatizó que México requiere ajustas sus normas en materia de protección a periodistas, defensores y el derecho a la libertad de expresión, para que este se ejerza de manera amplia y robusta, como han recomendado organismos internacionales.

Destacó que es preciso eliminar elementos previstos en la ley que configuran obstáculos para lograr el propósito referido, como las disposiciones sobre daño moral, que son utilizadas para limitar la libertad de expresión, como sucede en el caso del politólogo y comunicador, Sergio Aguayo.

“Pero lo importante aquí es generar las condiciones normativas que garanticen un robusto, desinhibido, crítico, plural e independiente ejercicio de la libertad de expresión. Que no haya barreras normativas como las que se siguen presentando, que no haya la amenaza de poder ser hostigada u hostigado judicialmente, como el caso que ya todos y todas seguramente tenemos en mente cuando platicamos de esto, que es el de nuestro colega Sergio Aguayo”, apuntó Maldonado.

“Estos despropósitos mediante los cuales se instrumentaliza el aparato de justicia no puedan ser posibles y que sea la misma ley la que establezca la salvaguarda y los candados. Precisamente por eso la importancia, por ejemplo, de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y al propio Código Civil Federal en materia de daño moral. Hay que acabar con estas condiciones normativas que permiten inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”, tal y como lo han recomendado a México organizaciones internacionales, abundó.

Recalcó que ante una realidad de ataques sistemáticos a la prensa, México requiere contar con leyes efectivas de protección a periodistas y defensores, aunado a que el Mecanismo en la materia no es el único instrumento que permitirá garantiza protección, justicia y reparación del daño.

El representante de Artículo 19 llamó a los grupos parlamentarios en San Lázaro a construir un paquete legislativo integral que aborde el tema de las condiciones procesales, para que los periodistas y defensores estén en igualdad de condiciones ante quienes los demandan por ejercer su labor, y tienen ventaja al ocupar puestos públicos, posiciones de gobierno y tener suficientes recursos públicos.

Asimismo, se pronunció a favor de modificar la Ley de Archivos para garantizar el acceso a documentos históricos; así como derogar la Ley de Imprenta que data de 1917, y resulta anacrónica.

Calificó como preocupante la “intentona” de la autoridad federal, de reactivar ese tipo de leyes, a través de la reforma en materia de justicia que se atribuye a la Fiscalía General de la República (FGR) y que contemplaba, de acuerdo a los datos que lograron filtrarse a la opinión pública, normas que atentaban contra la libertad de expresión, sancionar delitos de imprenta e incluso equiparar con “terrorismo” la propagación de determinada información; así como tipificar como delito los “insultos” a instituciones públicas.

Las conclusiones del ejercicio de parlamento abierto referido, agregan que el Mecanismo de Protección se debe convertir en un órgano desconcentrado, personal suficiente y debidamente capacitado, con presupuesto asignado directamente por la Cámara de Diputados, y que actualmente es asignado por la Secretaría de Gobernación.

Prevé integrar la perspectiva de género en el Mecanismo y dependencias que colaboren con el mismo; acciones de coordinación con estados y municipios, para unificar criterios en la aplicación de la ley; agilizar el intercambio de información.