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Avalan ‘miscelánea penal’, prevén excepciones para actuar sin la orden de un juez

Las normas que tendrán ajustes son el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); el Código Penal Federal; la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; la Ley de Amparo; y la Ley Federal de la Defensoría Pública.

Angélica Melín Martes 26 De Abril, 2016 · 16:49 pm
Avalan ‘miscelánea penal’, prevén excepciones para actuar sin la orden de un juez
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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó con una votación de 23 a favor y uno en contra, el paquete de cambios a 10 ordenamientos en materia de justicia, identificado como “miscelánea penal”.

Se trata de un cúmulo de 490 modificaciones a 10 ordenamientos jurídicos que fortalecerán el sistema de justicia.

Las normas que tendrán ajustes son el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); el Código Penal Federal; la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; la Ley de Amparo; y la Ley Federal de la Defensoría Pública.

Asimismo, se hicieron cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.

Al respecto, el presidente de la instancia dictaminadora y diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Hinojosa, señaló que las modificaciones buscan impulsar de lleno la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, que debe entrar el vigor en todo el país, a más tardar el próximo 18 de junio.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Justicia y diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Santana, dijo que el Sol Azteca está a favor en lo general, pero tiene observaciones a elementos que resultan preocupantes, en tanto que implicarían violaciones a derechos humanos.

Santana Alfaro detalló que entre otros asuntos, la norma prevé que la defensa de los acusados de a conocer las pruebas a su favor de manera “anticipada”, lo que generaría un entorno de “indefensión”.

Asimismo, expuso que se pretende facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal, para que intervenga sin aviso previo, las cuentas de personas que pudieran ser sujetas a investigación por conductas como el fraude.

“Si se trasladan las facultades del Servicio de Administración Tributaria al Código Fiscal de la Federación y ya no se va a notificar previamente al inculpado, por ejemplo, por un delito de defraudación fiscal como lo hace hoy por hoy el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación tendrá la facultad selectiva de formar o formular una querella al responsable, sin que éste se entere, hasta ser citado por el agente del Ministerio Público”, alertó.

En contraparte, el diputado Abel Murrieta explicó que la normatividad otorgará a los inculpados el derecho a tener una “muy buena defensa”, pero también se garantizará a la autoridad el debido ejercicio de sus facultades.

Recordó que en casos de delito como secuestro, la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene facultades necesarias para aplicar la geolocalización en tiempo real, en casos de secuestro; o bien, para allanar propiedades cuando sea necesario; aunado a que el procesado tendrá oportunidad de presentar las probatorias que considere pertinentes.

Agregó que entre las ventajas de la norma, se encuentra el hecho de que los procesos judiciales se “digitalizarán”; que los ciudadanos, con previa identificación biométrica,  puedan presentar denuncias en línea: y que los policías puedan presentar sus partes informativos también en línea, a fin de agilizar esos procedimientos.

Afirmó que la normatividad no elimina el requisito de solicitar la intervención de llamadas telefónicas y la geolocalización, a través de un juez, por lo que no habrá cabida para la violación de derechos ni arbitrariedades.

Sin embargo, establece como excepción, que el Ministerio Público pueda aplicar medidas como las referidas, de geolocalización e intervención de llamadas en tiempo real, sin necesidad de esperar a que un juez emita la orden respectiva, cuando se trate de casos en que la vida de las personas corre peligro.

“Sigue el requisito de la intervención del juez, pero incluso, volvemos a lo mismo, una vez que esté digitalizado y que se haga todo en línea, eso se resuelve en poco tiempo. Podrá el  Ministerio Publico ordenar o solicitar la información en tiempo real, cuando haya un caso en donde se ponga en riesgo la vida de las personas, sobre todo. Es la única excepción, de ahí en fuera, todo lo demás tiene que ser solicitado ante un juez”, puntualizó.

El legislador añadió que en la discusión, la bancada del PRD se inconformó con la parte que refiere a la “apertura anticipada” de pruebas por parte de la defensa del inculpado, al considerar que éstos quedarían en la indefensión ante la parte acusadora y el Ministerio Público.

Consideró que esa medida no es violatoria de derechos humanos, en tanto que aplicará solo en casos en que “la materia se pueda perder”, es decir, que las pruebas no se puedan revisar en otro momento.

Puntualizó que por las suspicacias que causaba y las advertencias de violación a derechos, quedó fuera del proyecto facultar a la autoridad para revisar materialmente el contenido y obtener datos de teléfonos abandonados, sin contar con el permiso de un juez.

Admitió que facultar al Ministerio Público a que actúe sin la orden de un juez implica riesgos, pero es más relevante permitir que las autoridades actúen en tiempo real y de inmediato, con el propósito de combatir el delito y salvar vidas.

La llamada “miscelánea penal”, prevé el uso de la tecnología para agilizar el sistema acusatorio y permitir el uso de medios electrónicos cuando se requiera; los detenidos provenientes del extranjero podrán decidir si la autoridad mexicana da parte o no a las autoridades consulares de su respectiva nación, declaración que deberá realizarse en presencia de sus abogados.

Los imputados podrán solicitar aclaraciones o precisiones sobre las pruebas que tiene en su poder el Ministerio Público, pero la autoridad no estará obligada a cumplir.

Se aclara el término y supuestos referentes a las “comunicaciones privadas”, mismas que podrán ser intervenidas con la autorización de un juez.

Los imputados podrán ofrecer medios de prueba durante la ampliación del plazo constitucional, solo en los casos en que por el tipo de delito, se justifique la prisión preventiva.

Asimismo, se contempla que un integrante de un grupo delictivo pueda fungir como “testigo colaborador”.

En casos de secuestro, el inculpado podrá acceder a un procedimiento “abreviado”, cuando así lo admita, esto, con el fin de evitar “procesos ociosos”.

Se establece que el juicio de amparo no será procedente cuando se emita el llamado “auto de vinculación a proceso”, en tanto que esa figura no es una sentencia.

De igual modo, los congresistas dividieron el Sistema de Justicia Penal Mixto y el Sistema Penal Acusatorio y Oral, para aclarar las violaciones que pudieran cometerse en una y otra modalidad, y que pudieran generar la presentación de un amparo.

Puntualizaron que los defensores públicos deberán explicar claramente a sus defendidos, las consecuencias de optar por las salidas alternas y la terminación anticipada del proceso judicial.