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PRI pide a SE establecer programa de regulación de vehículos usados de procedencia extranjera

Nancy Sánchez, diputada federal del PRI pide a la SE y SHCP establecer programas de regulación sobre los vehículos usados procedentes del extranjero que entran a nuestro país. 

Angélica Melín Sábado 28 De Julio, 2018 · 11:44 am
PRI pide a SE establecer programa de regulación de vehículos usados de procedencia extranjera
Foto: Nancy Sánchez, diputada federal del PRI

Las secretarías de Economía (SE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deberían establecer un programa definitivo de regulación de los vehículos usados y de procedencia extranjera que entran a México, en muchas ocasiones de manera irregular y son empleados por la delincuencia, demandó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nancy Sánchez.

La legisladora solicitó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llame a las dependencias referidas, a coordinarse adecuadamente con los gobiernos de estados fronterizos, para dar solución al problema de los llamados “autos chocolate”. 

Sánchez Arredondo señaló que es urgente proteger el patrimonio de los mexicanos y evitar que los vehículos no regularizados provenientes en su gran mayoría de Estados Unidos, sean utilizados para cometer delitos. 

Consideró que las normas para la importación definitiva de vehículos y la “gran diferencia” entre el valor pagado y el que Hacienda establece para cobrar derechos de importación, provocan en cierta medida el ingreso irregular de automotores usados, también conocidos como “autos chocolate”. 

Esas anomalías, recalcó la legisladora, han provocado que no exista un registro adecuado ni un padrón de vehículos importados circulando en las zonas fronterizas, que en ocasiones operan sin placas y sin que la autoridad ni los propietarios puedan identificarlos, lo que facilita la operación de los grupos delincuenciales.

Los vehículos que no son utilizados por la delincuencia, pero no están regularizados, tampoco cuentan con seguros de daños o responsabilidad civil y tampoco cumplen las normas en materia ambiental, abundó. 

A esto se suma la falta de certeza jurídica a los poseedores de dichos bienes, que son más susceptibles a ser víctimas de extorsión y abuso por parte de autoridades corruptas; y de fraude, por parte de asociaciones irregulares que ofrecen supuesta gestorías para regularizar su situación. 

La suma de esos factores, abundó la congresista del tricolor, genera pérdidas económicas para la hacienda pública, por lo que resulta urgente tomar cartas en el asunto.