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Prevén homologar leyes para imponer hasta 30 años de cárcel a explotación sexual

En San Lázaro este martes se abordarán remas sobre reformas al Código Penal Federal para aumentar la sanciones contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Angélica Melín Martes 9 De Abril, 2019 · 08:31 am
Prevén homologar leyes para imponer hasta 30 años de cárcel a explotación sexual
El dictamen de la Comisión de Justicia prevé aumentar de 15 y hasta 30 años de cárcel y de mil a 30 mil los días de multa a quien cometa ese ilícito.
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La Cámara de Diputados someterá a discusión en la sesión de este martes, reformas al Código Penal Federal para aumentar la sanciones contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

El dictamen de la Comisión de Justicia prevé aumentar de 15 y hasta 30 años de cárcel y de mil a 30 mil los días de multa a quien cometa ese ilícito.

Contempla aumentar en una mitad más las penas, cuando el autor tuviese alguna relación con la víctima, como patria potestad, guardia o custodia; cuando mantengan parentesco de ascendiente o descendiente sin límite de grado; se trate de familiares en línea colateral hasta en cuarto grado; y cuando el agresor sea tutor y/o “curador”, es decir, esté a cargo de la representación civil de personas declaradas con déficit en sus capacidades mentales.

El infractor perderá la patria potestad, la tutela o la “curatela” de todos sus descendientes.

Asimismo prevé que el juez, en todos los casos, acordará medidas pertinentes para prohibir permanentemente al ofensor, todo tipo de contacto o relación con la víctima.

El texto a someter a discusión indica que el delito de turismo sexual se incrementado de manera alarmante en el país, que es considerado como uno de los principales destinos en el mundo para cometer dicha falta.

Señala que de acuerdo a la Unicef y el DIF, se estima que alrededor de 16 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de esa práctica en distintos puntos del territorio nacional, e identifican como “focos rojos” zonas como el Puerto de Acapulco y la ciudad de Tijuana.

Recalca que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, ya contempla las penas de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa, por lo que el propósito de la reforma es homologar el Código Penal Federal para armonizar dichas disposiciones y evitar controversias legales que pudieran fomentar la impunidad.

Diputados prevén fijar plazo para cumplir con reparación integral a víctimas

La Cámara de Diputados contempla discutir y aprobar reformas al artículo 155 de la Ley General de Víctimas, a fin de establecer un plazo máximo para efectuar la reparación integral del daño a víctimas, sea en efectivo, en especie, o en una combinación de ambas, en un periodo no mayor a 180 días naturales.

Asimismo, se prevén modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal en Materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en los Centros Penitenciarios.

Respecto al proyecto de decreto por el que se reforma a la Ley General de Víctimas, propuesto desde la Legislatura anterior, y a raíz de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se busca garantizar la reparación integral del daño sufrido.

La iniciativa indica que las familias del caso Ayotzinapa, las víctimas directas, indirectas y circunstanciales recorrieron un largo camino para ser reconocidas como tales, por violaciones a derechos humanos, y también encontraron distintos impedimentos para acceder a la reparación señalada.

Por ello, se propuso que en cualquiera de las formas en que se determine la reparación integral del daño, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Subraya que la Ley General de Víctimas establecer plazos perentorios para distintos procesos como la integración de los expedientes, y el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Recalca que la Comisión Ejecutiva tiene un plazo de 90 días para determinar el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria.

Sin embargo, no tiene un plazo establecido para efectuar la reparación integral del daño a las víctimas, como sucedió en el caso Ayotzinapa.

En cuanto a las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, contemplan establecer que los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación.

Lo anterior, para que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen en pleno respeto a los derechos humanos de las personas señaladas, en condiciones de igualdad con el resto de los internos.