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Piden familiares y normalistas de Ayotzinapa al gobierno federal instalar mesa de diálogo

Citados este mediodía, no llegó la representación de la Segob al encuentro con los defensores humanitarios, padres y alumnos de la normal.

 

Rocío Méndez Jueves 9 De Octubre, 2014 · 17:00 pm
Piden familiares y normalistas de Ayotzinapa al gobierno federal instalar mesa de diálogo
Foto archivo

Programada para comenzar trabajos al mediodía desde la Casa de La Paz, no pudo instalarse la mesa de negociación entre gobiernos federal y del estado de Guerrero con familiares y compañeros de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el pasado 26 de septiembre ante la ausencia de autoridades de política interior.

“Ignoramos porque no vino el gobierno federal y los motivos que pudieron influir para la ausencia del subsecretario Luis Miranda en esta mesa; insistimos que a la brevedad posible se pueda establecer el diálogo,” reconoció el abogado de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, al resaltar que sólo el gobierno o federal “cuenta con la infraestructura y la capacidad” para dar con el paradero de los muchachos, porque la “descordinacion” ha traído “lentitud” a los procesos de búsqueda.

“Queremos decir –dijeron cuatro normalistas rurales de Ayotzinapa– que lamentamos la ausencia del gobierno federal en esta reunión que se esperaba avanzará en tareas precisas sobre las investigaciones del gobierno federal que ya expresó su “indignación” y se comprometió a la búsqueda de los normalistas rurales pero al momento “no tenemos datos ni indicios de que esta búsqueda se este realizando”, dijo el normalista rural Omar García.

En conferencia de medios, fue presentada la Mesa de Intermediación para dar seguimiento a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y que fue elegida por los estudiantes: Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria; Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todos; Michel Chamberlaine y Blanca Martínez de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos; Perseo Quiroz de Amnistía Internacional; los académicos Adolfo Gilly Javier Sicilia, del Movimiento por La Paz; además de otros defensores de los Centros de Investigación y Análisis, Fundar; de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz; del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia  de y, por supuesto, Abel Barrera y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan, que ha dado acompañamiento y asistencia humanitaria y legal en distintos incidentes, a los normalistas rurales.

Al asumir “con toda integridad” la intermediación, el padre Miguel Concha aclaró que lo sucedido en Iguala es “un crimen de Estado”, que dejó “ejecutados extrajudicialmente, personas ultrajadas, torturadas y desaparecidas.”

“Los mexicanos esperan que su Estado a través de las autoridades constituidas, “jale a los desaparecidos y establezca una rendición de cuentas… el pueblo de México ya no puede permitir ni aceptar que se sigan cometiendo este tipo de delitos que han sido calificados como de lesa humanidad,” dijo el padre Concha.

Estamos planteando “un antes y un ahora y aquí debe hacer un deslinde claro”, acotó el padre Concha Malo.

También urge, dijeron alumnos y defensores humanitarios, eliminar barreras al trabajo del equipo forense argentino. “Pedimos el apoyo a las autoridades porque los alumnos y los padres de Ayotzinapa no van a aceptar ningún peritaje que no esté avalado por el equipo argentino, pero es la hora que no se da la acreditación al trabajo de los expertos sudamericanos; por lo que pedimos al Estado mexicano seriedad y sensibilidad para atender a padres y alumnos.

“Nosotros no podemos especular, las versiones que han existido de que si son cuerpos de mujeres o de que si pertenecen nos parecen que son informaciones subjetivas y vagas, tenemos que esperar los resultados científicos arrojados de las pruebas de ADN. Bajo ninguna de estas circunstancias padres y alumnos de Ayotzinapa pueden aceptar resultados de los recientes hallazgos, por eso exigimos que los 43 normalistas aparezcan con vida.

Ante declaraciones del gobernador Ángel Aguirre de que se someterían a una revocación de mandato, el abogado Rosales aclaró que “lo importante es la exigencia de justicia,” que las autoridades avancen más allá de su revocación o de si renuncian o no a sus cargos.” Hay “responsabilidades claras” del gobierno federal, estatal para dar con el paradero de los 43 compañeros hay omisiones que cometieron autoridades, por lo tanto hay responsabilidades directas de los tres niveles de gobierno… Nosotros no hemos analizado la revocación –del gobernador Aguirre– creemos que el tema lo irán exigiendo el pueblo de Guerrero, las manifestaciones, las organizaciones sociales.

Ha habido esfuerzos del gobierno estatal, limitados ante la magnitud del problema que exige un despliegue mayor de fuerzas federales y distintas autoridades, y el gobierno del estado no tiene ni la capacidad niños infraestructura para atender este problema en su integralidad y en su complejidad, finalizó el abogado Rosales al destacar que sigue el hostigamiento y las amenazas en contra de padres de familia.

Que se avance con las investigaciones. Habrá vendavales de acusaciones mutuas entre partidos políticos. Los agravios en Iguala demuestran que toda la clase política esta corroída, y cuán débiles son las instituciones, creemos que todos los partidos políticos tienen el mismo problema; así, la renuncia del gobernador Aguirre ayudaría muy poco; lo que más ayudaría “sería una investigación efectiva de donde están nuestros compañeros,” dijeron.