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Pide INPI a SCJN declare inconstitucional Ley Minera

El INPI se dijo preocupado por las conclusiones del proyecto de resolución que será discutido por la Segunda Sala de la SCJN.

Nora Bucio Martes 12 De Mayo, 2020 · 22:01 pm
Pide INPI a SCJN declare inconstitucional Ley Minera
A través de un comunicado señaló que la Corte discutirá y votará este miércoles el recurso de revisión 928/2019
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El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a garantizar el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y declare inconstitucional la Ley Minera.

A través de un comunicado señaló que la Corte discutirá y votará este miércoles el recurso de revisión 928/2019 interpuesto por indígenas maseuales o nahuas de Puebla, en el que reclaman la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Minera por violación al derecho de consulta y al derecho a sus tierras y territorios ancestrales.

El INPI se dijo preocupado por las conclusiones del proyecto de resolución que será discutido por la Segunda Sala de la SCJN, porque se señala que “la Ley Minera no afecta los intereses y los derechos de los ‘grupos’ indígenas”, y que, además, “la Ley Minera no debe reglamentar el derecho de consulta establecido en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.

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Por tal razón, el INPI expone que el problema es de enorme trascendencia para los pueblos indígenas, pues se resolverá si los derechos indígenas se deben reducir a derechos culturales o bien, tienen el alcance de derechos fundamentales que los coloque en una situación de justicia que históricamente se les ha negado.

“Sostener que la Ley Minera no debe reconocer el derecho a la consulta, propicia que se sigan emitiendo concesiones sin consultar a las comunidades indígenas, condenándolas a seguir largos y costosos juicios para hacer valer sus derechos”, señala el texto suscrito por el director general del INPI, Adelfo Regino Montes.

Esa decisión, explica, significa condenar a las comunidades indígenas que no cuentan con recursos económicos para contratar despachos de abogados, a nunca ver consagrado su derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.