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No puede Gobierno Federal negar operación de paramilitares en México, señalan expertos

Emilio Álvarez Icaza, experto en derechos humanos, señaló que el fenómeno de la existencia de grupos paramilitares en México no es nuevo y el Gobierno Federal no puede negarlo.
 

Angélica Melín Miércoles 5 De Octubre, 2011 · 18:35 pm
No puede Gobierno Federal negar operación de paramilitares en México, señalan expertos
No puede Gobierno Federal negar operación de paramilitares en México, señalan expertos

El fenómeno de la existencia de grupos paramilitares en México no es nuevo y el Gobierno Federal no puede negarlo, planteó el experto en temas de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, quien pidió recordar el origen de la organización delictiva de Los Zetas, conformada por desertores del Ejército Mexicano.

La negación de la realidad lo único que hace es descomponerla más, el fenómeno de los paramilitares para vergüenza nuestra no es nuevo. Para empezar Los Zetas de donde vienen, Los Zetas fueron una construcción del Estado Mexicano eran militares ¿y a eso cómo se le llama?, y ahora salieron Los Matazetas, planteó el también consultor en materia de derechos humanos.

Solo hay que revisar casos históricos, como el asesinato de defensores de los derechos humanos, activistas y militantes de partidos políticos en estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. La lista es larga, subrayó, tras recordar los casos de las matanzas de perredistas en los años 80, Acteal, Aguas Blancas y otras.

Durante el foro sobre Justicia y Derechos Humanos organizado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), agregó que es del conocimiento público que los paramilitares han sido auspiciados y tolerados por gobernantes locales, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que han actuado como caciques.

Asimismo, Álvarez Icaza Longoria expresó su preocupación por la inclusión del tema de la seguridad en México en las precampañas en Estados Unidos, con propuestas como el envío de tropas a nuestro país para combatir el crimen organizado, tal y como lo planteó el aspirante a la candidatura republicana y gobernador de Texas, Rick Perry. Esos hechos deben prender las luces de alerta, eso en mi opinión tiene que ver con la gobernabilidad, enfatizó.

Durante el foro, Álvarez Icaza Longoria; la presidenta honoraria de la organización INCIDE Social, Clara Jusidman y el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, coincidieron en señalar que en México, no hay condiciones de justicia social ni legal, puesto que gran parte de la población no tiene  acceso a derechos fundamentales a la salud, educación, empleo y desarrollo social.

Lamentaron que los abusos en materia de derechos humanos se hayan disparado en los últimos 10 años y sigan presentándose casos de tortura, desapariciones forzadas y agresiones de parte del Ejército.

Indicaron que el concepto de prevención de la violencia y construcción de una cultura de paz a través de mecanismos de desarrollo e igualdad de oportunidades en México no aplica y a las autoridades de los tres niveles de gobierno no les parece prioritario.

Dijeron que la situación de emergencia nacional que enfrenta el país, obliga a replantear los objetivos y metas de la política social. Sin embargo, ha sido un desastre el proceso de diálogo con el Gobierno Federal, que no tiene interés en implementar una ley de emergencia social ni un fondo de emergencia social como lo exigen organizaciones sociales.

Resolver temas de desarrollo, justicia y seguridad con políticas y enfoques que restringen los derechos, como la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales planteadas por el Ejecutivo, son propuestas perversas, que forman parte de un discurso perverso, por que centra el debate en la violencia y el Estado policíaco, cuando debería enfocarse en los derechos humanos, indicó Álvarez Icaza

Lo anterior propicia que gobiernos como los de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, abdiquen de su responsabilidad y atribuyan hechos deplorables como el asesinato de civiles, al choque entre bandas delincuenciales rivales. Esa es la legitimación de la violencia y la aceptación de la ineficacia, advirtió.

La estrategia militarista de combate a la inseguridad, dijeron, ha provocado que en unos pocos años, los aproximadamente 20 mil elementos castrenses que realizaban tareas de seguridad pública ya sean más de 90 mil y la Secretaría de la Defensa, haya desbancado al ISSSTE y al IMSS en número de quejas por violaciones a derechos interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).