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Negar o cancelar candidaturas, por violencia política de género: consejera INE

En la Cámara de Diputados se analiza en parlamento abierto la situación de violencia de género en México, así como las iniciativas de reforma en esa materia.

Angélica Melín Lunes 4 De Marzo, 2019 · 13:33 pm
Negar o cancelar candidaturas, por violencia política de género: consejera INE
Ravel pidió tomar medidas legales y establecer candados para evitar la simulación y que varones se hagan pasar por indígenas / Twitter @RutaElectoralmx

En ese marco, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, se pronunció a favor de imponer sanciones drásticas y concretas a los casos de violencia política de género, con la negativa de las candidaturas a los responsables, así como la cancelación de la candidatura obtenida por aquel que haya incurrido en agresión.

“Dice el artículo 226, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, si se llega a concluir que un precandidato adquirió tiempos de radio y televisión, se le va a negar el registro de la candidatura, si ya se le hubiere dado la candidatura, se le va a cancelar la candidatura. Creo que exactamente lo mismo se podría hacer con los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, si se concluye que un candidato cometió este tipo de actos se le tiene que negar la candidatura, si ya se le hubiere dado la candidatura, entonces se le tiene que cancelar”, recalcó la consejera Ravel Cuevas.

Subrayó que aunado a la falta de claridad en los conceptos, no hay un catálogo de sanciones concretas que inhiban la conducta, ya que la sanción más grave es la amonestación pública.

Pidió tomar medidas legales y establecer candados para evitar la simulación y que varones se hagan pasar por indígenas o por candidatos de la diversidad sexual.

Señaló que entre otras expresiones de la violencia política de género, se registran renuncias masivas de candidatas; solicitudes de licencia “atípicas”, lo que ha ocurrido recurrentemente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero; presiones para obligar a candidatas a renunciar a sus aspiraciones; e incluso para orillar a renunciar a funcionarias que ya ejercen el puesto.

Por su parte, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, indicó que ya se han emitido recomendaciones para que se tipifique debidamente la violencia política de género y las normas se homologuen en todo el país, porque las sanciones no son suficientes para terminar con las conductas irregulares señaladas.

“Por un lado la importancia de tipificar la violencia política en razón de género y además, su armonización a nivel estatal como un avance necesario, pero además no el único avance que deberíamos tener, pues la penalización no es suficiente para terminar con la violencia. Sino que a la par debemos crear las condiciones institucionales necesarias, para que una vez que son ocupados los espacios de toma decisión en el ámbito público, las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos”, abundó la invitada.

Enfatizó que los organismos internacionales han instado a países como México a remover las conductas que impiden una participación política plena de las mujeres.

Recordó que en casos como el mexicano, hay más mujeres que nunca ocupando cargos públicos; hay más de mil 500 mujeres parlamentarias en el mundo, pero es claramente insuficiente.

Agregó que los organismos internacionales que han instrumentado la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, están preocupados por las barreras estructurales para que las mujeres ocupen cargos públicos, por las acciones de discriminación y violencia dentro de los partidos, la falta de un marco legal adecuado y la ausencia de sanciones y enjuiciamiento a los responsables.

Refirió que en casos como el de México se han documentado anomalías como dificultades de las mujeres para acceder a candidaturas en los partidos; aumento en los casos de acoso y agresión, incluso a través de medios de comunicación; intimidación; violencia física y sexual contra mujeres en la política; presiones para generar renuncias; discriminación y estigmatización; y asesinatos como la forma más extrema de violencia, lo que en su conjunto anula la calidad de la democracia.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, indicó que en la anterior ronda de audiencias públicas sobre el tema, se concluyó que las mujeres deben reconocerse como sujetos de derecho, es necesario sancionar a los agresores, establecer medidas para reparar el daño, que los partidos políticos den de ejercer violencia, combatir conductas irregulares como la usurpación de identidades y aprobar leyes que atiendan de manera integral los efectos de la violencia política por razones de género.

Recalcó que las expertas y especialistas invitadas, recomendaron incluir el tipo penal de violencia de género, no solo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino en las normas electorales.

Como ejemplo de violencia política de género, las participantes recordaron los casos de las llamadas “juanitas” y “manuelitas”, candidatas que fueron retiradas de las contiendas, en la mayoría de los casos a causa de presiones, a fin de colocar a candidatos o funcionarios varones.

Las audiencias cerraron con el llamado de legisladoras de oposición, como la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Almaguer, a que la ley que sancione la violencia política por razones de género avance en los mejores términos, y sin que los “egos” de las mayorías se impongan