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Leyes de Guardia Nacional establecen que los cuerpos de seguridad no emplearán la fuerza

La Ley de la Guardia Nacional confirma también que el mando civil se atribuirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Óscar Palacios Jueves 11 De Abril, 2019 · 21:45 pm
Leyes de Guardia Nacional establecen que los cuerpos de seguridad no emplearán la fuerza
La Guardia Nacional solo empleará la fuerza cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden / Especial
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Las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entregadas este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al Senado, establecen que los cuerpos de seguridad no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

De acuerdo con la iniciativa de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el uso de armas de fuego se considerará una medida extrema, por lo que no podrán emplearse como señal de advertencia o para controlar o dispersar manifestaciones.

En este sentido, la propuesta prevé que las armas de fuego solo podrán emplearse frente a una agresión violenta agravada del o los sujetos a controlar, que represente un escenario de violencia mortal.

No obstante, se contempla la posibilidad de que los cuerpos de seguridad empleen armas “incapacitantes no letales”, como bastón PR-24 o tolete, dispositivos que generen descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión.

Por otro lado, la Ley de la Guardia Nacional confirma que el mando civil se atribuirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que el mando operativo al comandante de la Guardia Nacional

La propuesta, contempla la obligación del personal de la Guardia Nacional de profesionalizarse en instituciones policiales federales certificadas, instituciones públicas nacionales, incluidas las de las Fuerzas Armadas, e instituciones públicas extranjeras.

Además, la iniciativa prevé consolidar la facultad que en su momento se otorgó a la Policía Federal de solicitar a la autoridad judicial la autorización para intervenir comunicaciones.

En este sentido, como una medida de control judicial, se plantea que la solicitud deberá exponer el razonamiento por el que se considera procedente, los sujetos y lugares que serán intervenidos, así como el periodo de tiempo durante el cual se llevara a cabo, el cual podrá ser prorrogado bimestralmente, sin exceder los seis meses.

Además, se contempla que la intervención de comunicaciones sólo podrá realizarse en la investigación de delitos como la evasión de presos, corrupción de menores, homicidios relacionados con la delincuencia organizada, extorsión y delitos contra la salud.