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‘La apertura debe ser la norma’, ante persistente corrupción en el servicio público: expertos

“La apertura debe ser la norma”, ante la persistente corrupción en el servicio público, reclaman expertos y representantes de órganos garantes de transparencia.

Rocío Méndez Viernes 4 De Septiembre, 2015 · 12:20 pm
‘La apertura debe ser la norma’, ante persistente corrupción en el servicio público: expertos
Foto: Rocío Méndez

Responsables de órganos garantes de transparencia y expertos celebraron la creación de la Ley General sobre acceso a la información pero, como advirtió el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, “en un país donde la corrupción es imperante, se tiene que avanzar hacia un modelo donde la apertura sea la norma; pero los órganos garantes de la transparencia deben realizar su trabajo”.

En el debate sobre “el nuevo modelo legal en materia de transparencia y acceso a la información”, dentro del Décimo Congreso Nacional de Órganos Públicos Autónomos,  Joel Salas, consejero del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), subrayó que los 10 órganos autónomos garantes de transparencia deben buscar que prevalezca la certidumbre, la legitimidad y la credibilidad en un marco de desconfianza ciudadana.

“México se caracteriza por impulsar leyes y un mejor entramado institucional pero el grado de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones va en aumento. Hay descontento, mayor desconfianza y menos gente cree en la democracia”, destacó.

Salas remarcó que los organismos de transparencia deben demostrar en los hechos que son “autónomos” y tendrían que “elevar la voz” al evaluar la política pública cuando la gestión gubernamental “no este funcionando”. Habrá un gobierno abierto solo si la sociedad civil asegura que los organismos autónomos “tutelen los derechos de la ciudadanía a la transparencia y rendición de cuentas”, resaltó.

Por su parte, Guillermo Noriega, del Colectivo por la Transparencia en México, urgió a los organismos de transparencia y a la ciudadanía en general a “reordenar la administración pública del país con más información, menos burocracia y con la introducción de una perspectiva de derechos humanos”.

La ley era mas que necesaria pero ahora representa un reto “enorme” la homologación adecuada de la normatividad en las 32 entidades federativas; en opinión del experto, la puesta en la marcha de la Ley Federal de Transparencia ya presenta “omisiones” y algunos elementos “siguen sin regularse o han entrado en posible controversia”; pero el mayor reto “es que las instituciones vean a la transparencia como su actuar cotidiano y “no como una monserga”. Las instituciones tienen que ser transparentes porque eso es esencial para la función pública, apuntó.

Noriega se pronunció por el derecho de todos “a la protección a la vida privada”, pero el país debe “construir legitimidad”. Esa es una apuesta que debe plantearse cualquier persona que opte por el servicio público, “el paradigma oficial necesita avanzar mas en materia de declaración patrimonial”, sentenció.

Sin embargo, el experto admitió sus reservas sobre la situación de hacer públicos los expedientes clínicos de los funcionarios ante un probado factor de “discriminación”; “es obvio que si un funcionario es alcohólico tendrá problemas para tomar las decisiones adecuadas, pero si la persona tiene un padecimiento que no compromete su servicio público tendría que entrar otro mecanismo para evaluar su situación”, comentó.

Alejandro Torres Rogelio, Comisionado Ciudadano del INFODF, destacó que la aplicación de sanciones y multas ante funcionarios que fallan en materia de transparencia se ha convertido en “una pesadilla” para los órganos garantes que invierten muchos recursos y personal para estar “litigando” ante las multas, dejando descubiertas otras áreas importantes.

“Somos una generación de transición –dijo Torres– los funcionarios públicos en municipios, estados y federación no traen el ‘chip’ de la transparencia” por lo que en los actuales tiempos es obligado que los servidores públicos respondan a la ciudadanía cuando demanda probidad y apego a la ley de sus funcionarios; debería revisarse el reiterado argumento de que, por “seguridad personal”, servidores públicos se niegan a dar a conocer sus bienes patrimoniales, expedientes clínicos, pago de impuestos etc. Obligado si es, dar a conocer la información sobre el manejo de recursos públicos, concluyó.