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Iniciativa de organizaciones religiosas sobre matrimonio es anticonstitucional: diputados

Francisco Martínez Neri calificó como preocupante el resurgimiento de grupos que promueven un discurso de odio e intolerancia hacia la diversidad sexual.

Angélica Melín Viernes 23 De Septiembre, 2016 · 17:27 pm
Iniciativa de organizaciones religiosas sobre matrimonio es anticonstitucional: diputados
Foto: Ilustración

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereida Plascencia, calificó como “anticonstitucional” la propuesta de reforma al artículo 4 de la Carta Magna que pretende establecer que el matrimonio solo puede consolidarse entre un hombre y una mujer y que el Estado debe proteger la vida desde la fecundación.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que los cambios propuestos por un grupo de organizaciones de corte católico y cristiano, contravienen los principios establecidos en la reforma en  materia de derechos humanos aprobada en el 2011, y que garantiza la progresividad de los mismos.

“De ahí que lo que plantea esta iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional, en primer lugar es anticonstitucional la iniciativa. En la reforma de 2011al artículo primero constitucional, abre toda una serie de convencionalidad a la que se puede invocar para atender diferentes temas en derechos humanos de las mujeres, atendiendo los principios fundamentales de derechos humanos que son la progresividad y que no son tampoco transferibles y que no pueden ser vulnerados”, enfatizó.

Al puntualizar que ninguna propuesta que represente un retroceso en materia de derechos de las mujeres será aprobada por la Cámara de Diputados, la congresista subrayó que también resultan regresivas las leyes que buscan dar pasos atrás en el rubro de los derechos sexuales y reproductivos.

Luego de reunirse con organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos de las mujeres e integrantes de la Comisión a su cargo, la diputada Plascencia Pacheco lamentó que persistan los intentos de asociaciones sociales y religiosas que buscan dar marcha atrás a una historia de 40 años de lucha por los derechos de la población femenina.

Manifestó que la propuesta entregada hace unas semanas por integrantes de organizaciones religiosas incluso representa un riesgo y contraviene disposiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de interrupción legal del embarazo.  

“No se puede seguir incitando a que las niñas que han sido abusadas sexualmente no tengan derecho a la salud que la misma ley prevé; me refiero a la interrupción legal del embarazo, que está perfectamente estipulada”, afirmó.

Tras recordar que cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reportan que en 2015 más de 900 mil niñas y mujeres sufrieron abuso sexual, la diputada priísta dijo que son respetables las creencias de las asociaciones promotoras del matrimonio solo entre personas del mismo sexo, pero el estado laico, el avance en materia de derechos humanos y la Constitución deben hacerse valer.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri calificó como preocupante el resurgimiento de grupos que promueven un discurso de odio e intolerancia hacia la diversidad sexual.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa, manifestó que en el Congreso de la Unión deben prevalecer las normas que garantizan los derechos de todos e independientemente de las creencias y la fe de cada legislador, “el Estado no debe dictarle a la Iglesia quién se puede casar o no, pero la Iglesia tampoco puede mandatarlo al Estado”.

Incluso, la diputada del Partido Verde (PVEM), Jorgina Gaxiola Lezama, adelantó que dicha iniciativa de ningún modo contará con su voto, y en lo particular, la alienta a enfocar esfuerzos para promover los derechos de las mujeres y la libertad de las personas de definir el rumbo de su vida personal.

Las congresistas recibieron a representantes de organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Academia Morelense de Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario que exhortaron al Legislativo a privilegiar los argumentos científicos y con sustento legal, por encima de los fundamentos religiosos.