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Inicia lectura para proyecto de ley de migración

Este jueves el Senado de la República dará primera lectura al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Migración, que contempla los principios rectores en que debe fundamentarse una política de Estado en materia migratoria en nuestro país.

Óscar Palacios Jueves 17 De Febrero, 2011 · 13:57 pm
Inicia lectura para proyecto de ley de migración
Inicia lectura para proyecto de ley de migración

Este jueves el Senado de la República dio primera lectura al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Migración, que contempla los principios rectores en que debe fundamentarse una política de Estado en materia migratoria en nuestro país.

Esta ley reconoce la protección que debe dar el Estado mexicano a los migrantes que transitan por el territorio nacional en situación migratoria irregular. En este sentido, se hace énfasis en que la situación migratoria de una persona no impide el ejercicio de todos sus derechos y libertades, especialmente a ser tratado sin discriminación alguna.

De igual forma, se especifica que solamente serán las autoridades competentes, en los casos expresamente previstos en la Ley, quienes podrán realizar el aseguramiento de los migrantes en situación irregular.

Por otro lado se establece la facultad de la Secretaría de Gobernación de formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opinión del resto de las dependencias del gobierno federal involucradas en el tema, así como de los demás Poderes de la Unión y de la sociedad civil organizada, a fin de tomar decisiones con una visión integral y colegiada.

Se contempla también elevar a rango de Ley al Instituto Nacional de Migración, quien será la instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria, así como la creación de un centro de Evaluación y Control de Confianza, con el que se obligará a sus colaboradores a cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización.

Finalmente se establece un sistema de sanciones para los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración por violaciones acreditadas a los derechos humanos de los migrantes, así como para las personas físicas y morales que incumplan la Ley.