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FGR sostiene acusación de defraudación fiscal contra Cabeza de Vaca

La fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, reiteró que el mandatario de Tamaulipas acumuló una fortuna cuyo monto supera los 951 millones de pesos.

Viernes 30 De Abril, 2021 · 16:20 pm
FGR sostiene acusación de defraudación fiscal contra Cabeza de Vaca
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas / Cuartoscuro
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La Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia, este viernes 30 de abril, para conocer y votar el dictamen de la Sección Instructora, que encontró elementos suficientes para determinar que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debe perder el fuero.

Ello, por incurrir en el delito de defraudación fiscal equiparada, de acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), y también en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Información relacionada: Congreso de Tamaulipas puede salvar a García Cabeza de Vaca 

Al sustentar la postura de la Fiscalía, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, reiteró que el mandatario de Tamaulipas acumuló una fortuna millonaria cuyo monto de más de 951 millones de pesos, no coincide con sus ingresos, aunado a que se concentró con ayuda de su círculo familiar cercano.

Insistió en que al no declarar por completo sus ingresos en el año 2019, incurrió en defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos.

En ese año habría captado ingresos por más de 46 millones de pesos, de los cuáles, sólo declaró seis millones, explicó la funcionaria.

En su presentación, la fiscal Alcantar Cruz hizo referencia a transacciones bancarias y comerciales del gobernador de Tamaulipas con empresas identificadas como “fantasma” y con empresarios asociados a actividades ilícitas, ello, de acuerdo a la información previamente proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

La enviada de la Fiscalía refirió que el gobernador creó un esquema desde la administración pública en Tamaulipas para beneficiar a familiares, socios y personas allegadas, así como para “blanquear” recursos.

Afirmó que el mandatario se organizó con representantes de empresas para movilizar cifras millonarias utilizadas en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos, a través de esquemas de triangulación de los recursos en cuentas bancarias propias, de familiares y de terceros.

Aseveró que la Fiscalía encontró indicios de que la operación de enajenación de un departamento ubicado en la zona de Bosques de Santa Fe, que involucró al gobernador, fue ilícita.

En defensa del mandatario estatal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, que compareció a distancia, subrayó que la mayoría de las afirmaciones de la Fiscalía no aparecen en el dictamen de la Sección Instructora, el cual se centra en el delito de defraudación fiscal.

El resolutivo no señala que la Fiscalía haya acreditado debida y suficientemente los delitos de delincuencia organizada ni de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que esos señalamientos no son materia de análisis.

Subrayó que los nombres y cantidades citadas por la representante de la Fiscalía General, no forman parte del expediente del organismo jurisdiccional, por lo tanto, no deberían ser tomados en cuenta por los legisladores al momento de tomar una decisión.

Recalcó que en el desarrollo del proceso de desafuero se violentó el derecho a la presunción de inocencia y otras garantías del gobernador, al filtrar a medios de comunicación información en poder de la autoridad federal, realizar públicamente diligencias que debieron ser privadas y fincar acusaciones sin pruebas sobre conductas ilícitas que no forman parte del dictamen.

Dijo que la Fiscalía no comprobó el presunto involucramiento del mandatario en delincuencia organizada, razones que en suma deberían ser tomadas en cuenta para rechazar el dictamen a favor del desafuero.

El abogado respondió que los señalamientos de la Fiscalía sobre las posesiones millonarias en moneda y bienes inmuebles que se le achacan al gobernador tampoco tienen sustento, ya que se trata de propiedades de terceros, aunado a que es obligación de la autoridad, comprobar la propiedad.