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Facturación falsa y empresas fantasma ya son delincuencia organizada: diputados

Se considerará delincuencia organizada y una amenaza a la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal, así como la compra y venta de facturas falsas.

Angélica Melín Martes 15 De Octubre, 2019 · 19:15 pm
Facturación falsa y empresas fantasma ya son delincuencia organizada: diputados
Después de emitir votación general, de 318 a favor, 3 abstenciones y 121 contra, los congresistas rechazaron más de 30 reservas presentadas.
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La Cámara de Diputados reunida en Pleno, aprobó el paquete de reformas en materia penal y fiscal, para atacar la defraudación fiscal, las facturas falsas y empresas fantasma, conductas que serán sancionadas como delincuencia organizada y catalogadas como amenazas a la seguridad nacional.

Después de emitir votación general, de 318 a favor, 3 abstenciones y 121 contra, los congresistas rechazaron más de 30 reservas presentadas.

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La votación particular apenas superó el mínimo indispensable, con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones.

El proyecto calificado como “terrorismo fiscal” por la oposición, será enviado a la Ejecutivo Federal para su publicación oficial y entrada en vigor.

Al presentar el proyecto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Marco Medina, indicó que el objetivo es combatir la defraudación fiscal.

Explicó que se considerará delincuencia organizada y una amenaza a la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal, así como la compra y venta de facturas falsas.

“Se busca incluir en el catálogo de delitos cometido por la delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada; así como considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos contra el fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, aseveró.

Recalcó que los contribuyentes cumplidos nada deben temer, porque la norma no los afectará, aun cuando cometan algún error contable o fiscal, porque se establecerán los montos específicos a partir de los cuales se considerará que una empresa o persona incurre en defraudación fiscal y por ende, en delincuencia organizada.

“De ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones. El contribuyente común que comete un error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales, está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, enfatizó.

Para ejemplificar la gravedad del problema de la facturación falsa, indicó que se estima afectación por más de 300 mil millones de pesos al año a la hacienda pública, y un daño acumulado de 2014 a 2019, equivalente a 1.6 billones de pesos.

Recalcó que el ordenamiento tiene como fin mantener la “normalidad fiscal” y una sana recaudación.

Los legisladores de la mayoría recalcaron que las sanciones aplicarán a contribuyentes que evadan sumas por más de 7 millones 800 mil pesos.

Contra facturación falsa y defraudación

La oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusaron violaciones al proceso parlamentario, terrorismo fiscal, “populismo penal”, violación a la presunción de inocencia y criminalización del empresariado.

La consecuencia de las reformas, advirtieron, será la parálisis económica, la salida de inversiones y la caída en la creación de empleos.

Por ello, puntualizó el líder parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, la reforma serán impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Están instaurando un estado policial y un populismo penal, esto no les va a ayudar a la recaudación, están generando incertidumbre con sus generalidades en las leyes y quitan los incentivos para que inversores y burocracia queden en la absoluta incertidumbre”, recalco la diputada priísta Claudia Pastor.

“Porque no puede ser posible que mientras alguien invierte, le hagan una ley para perseguirlo policialmente y mientras otros asesinan, como en Michoacán, lo que dice el Presidente de la República es que va a acusarlos con la abuelita”, reclamó el panista Jorge Luis Preciado.

“Un terrorismo fiscal del que no habíamos tenido noticia en este país, un estado autoritario, policiaco y represor que no vela en ningún momento por los derechos humanos de los contribuyentes que no han violentado ninguna ley y los equipara a delincuencia organizada”, añadió la priísta Mariana Rodríguez.

“Peligrosas ocurrencias que solamente van a dañar los derechos fundamentales de los contribuyentes del país. Observamos con preocupación cómo, desde la Presidencia, se abren los brazos a la delincuencia con mensajes de impunidad, pero a los ciudadanos que invierten se les pretende aplicar marrazos. ¡No a la ley del garrote!”, añadió la presidenta de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Patricia Terrazas.

Incluso legisladores del Partido Encuentro Social (PES) coincidieron en que la defraudación y el “huachicol” fiscal, no terminarán con las normas a discusión, sino hasta que los responsables enfrenten la ley.

El diputado Iván Pérez Negrón sentenció que la normatividad podría ser usada “de manera facciosa” por funcionarios públicos, porque no todos comparten la voluntad y la calidad moral del Presidente de la República.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González, reconoció que las reformas son excesivas, pero grandes contribuyentes han incurrido en mayores excesos al generar ganancias millonarias y no pagar impuestos. Como ejemplo de ello, nombró a una serie de empresas como América Móvil, Elektra, Grupo México, Walmart y Televisa.