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El PAN no admitirá ningún retroceso en la Ley de Transparencia: Herrera

El legislador subrayó que los panistas no admitirán ninguna propuesta de modificación que no se presente formalmente ni se discuta de manera abierta, porque no se trata de hacer leyes “para simular”.

Angélica Melín Domingo 22 De Febrero, 2015 · 20:41 pm
El PAN no admitirá ningún retroceso en la Ley de Transparencia: Herrera
Fernando Herrera, lider del PAN en el Senado

El líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Fernando Herrera, advirtió que no se permitirá ningún retroceso en la discusión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El legislador subrayó que los panistas no admitirán ninguna propuesta de modificación que no se presente formalmente ni se discuta de manera abierta, porque no se trata de hacer leyes “para simular”.

“Que quede claro: nosotros no vamos a permitir ningún retroceso, ninguna vuelta atrás, en el tema de transparencia”, remarcó.

Herrera Ávila señaló que las instituciones encargadas de velar por el acceso a la información, no pueden perder su imparcialidad, y el Legislativo, no debe caer en la “simulación” de que se reforman las leyes, pero en la realidad la situación es la misma.

La Ley General de Transparencia, insistió, debe garantizar que la sociedad acceda a los datos sobre el ejercicio público, conozca del desempeño de las autoridades y del uso del erario, ello, con el fin de obligar a los servidores públicos a cumplir la ley y terminar con casos de impunidad y conflictos de interés en el país. 

El líder de los panistas en el Senado agregó que esa fracción tiene toda la voluntad de avanzar en una buena ley secundaria, pero no está dispuesta a admitir retrocesos ni avalar normas que den lugar a una mayor opacidad.

Al demandar que los cambios a discusión no terminen en mecanismos para “taparle el ojo al macho”, el congresista señaló que los grupos parlamentarios en el Congreso deberían sumarse a los sujetos obligados.

Lamentó que el Gobierno Federal no haya planteado hasta el momento una postura clara sobre la discusión referida, pues en el discurso ofrecen combate a la opacidad y la corrupción, pero en los hechos no lo cumplen.

Recordó que para hacer del conocimiento público los detalles de la discusión, el PAN en el Senado está dando cuenta de ello a través de su página de internet, donde se pueden consultar las versiones estenográficas de las reuniones públicas, copia de los oficios y documentos enviados por la Presidencia y demás instituciones a los legisladores.

De igual modo, puntualizó, el PAN ha solicitado que todas las sesiones de discusión se transmitan por el Canal del Congreso.

Por su parte, la senadora Laura Rojas,  coordinadora del tema transparencia en la fracción albiazul, reiteró la exigencia de abrir por completo el análisis de la Ley General de Transparencia, para que los actores sociales interesados participen y la discusión sea pública por completo.

Rojas Hernández señaló que esta semana será fundamental para que en audiencias públicas, todos los interesados sean escuchados y las comisiones dictaminadoras definan un calendario de trabajo.

 Puntualizó que también se enviará una carta a los presidentes de las comisiones encargadas de elaborar el dictamen, para que hagan público el texto.

“La Ley General de Transparencia que estamos discutiendo puede ser una de las mejores herramientas contra la corrupción con que contemos, por eso es necesario que nazca fuerte y con un gran respaldo, no sólo por sus contenidos sino por su proceso de aprobación el cual, por la naturaleza misma de la ley, debe ser un ejemplo de parlamento abierto”, planteó.

Aseguró que los senadores del grupo redactor de las leyes ya han llegado al máximo en los acuerdos, por lo que toda a las comisiones acelerar el trabajo y hacerlo con apertura ante la opinión pública.

Indicó que entre las fracciones persisten diferencias en aspectos como dar  o no facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para que pida abrir expedientes sobre casos de violaciones graves de derechos humanos.

Tampoco hay acuerdo sobre la obligación de los funcionarios públicos a generar información sobre los actos derivados del ejercicio de sus funciones, que aplique la llamada “prueba de daño” cuando las dependencias o su personal rechacen entregar la información solicitada y si la Ley General en cuestión prevalecerá sobre otras disposiciones que regulan el acceso a la información.

De igual modo, aún no hay acuerdo sobre la regulación de las reservas de la información en materia de seguridad nacional; estabilidad económica, monetaria y financiera, expuso.