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Diputados debaten este martes cese de Santiago Nieto

Marko Cortés, coincidió con quienes señalan que el Fiscal “incómodo” fue cesado porque estaba a punto de destapar la red de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht.

Angélica Melín Lunes 23 De Octubre, 2017 · 20:27 pm
Diputados debaten este martes cese de Santiago Nieto
Foto: Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE / Archivo

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados confirmó que en la sesión ordinaria de este martes 24 de octubre, el tema del despido del Fiscal electoral, Santiago Nieto, será motivo de debate entre las distintas bancadas.

El presidente de ese órgano de gobierno y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, coincidió con quienes señalan que el Fiscal “incómodo” fue cesado porque estaba a punto de destapar la red de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht, al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya y a la campaña presidencial de Enrique Peña.

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“El primer punto a tratar será una agenda política en la que cada grupo parlamentario fijará su posición respecto a la Fiscalía General y respecto a la remoción del Fiscal de Delitos Electorales. Le es muy incómodo al gobierno y es por eso que lo remueven, porque está investigando la procedencia de recursos ilícitos en la campaña de Enrique Peña Nieto”, refrendó Cortés Mendoza.

En tanto, el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, pidió no tener duda de que la orden de remover a Nieto Castillo vino directamente de la Presidencia de la República. “Ahí está el principal responsable”, subrayó categórico.

“Que el titular en funciones como encargado de despacho de la Procuraduría actualmente solamente fue ejecutor de una orden que vino desde fuera. Y solamente pudo haber venido desde la Presidencia de la República, no le demos vueltas, ahí está el principal responsable”, atajó Zambrano Grijalva.

A su vez, el grupo plural de legisladores “Caucus Legislativo en Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas”, calificó como “inconstitucional” el cese del titular de la FEPADE.

En un pronunciamiento escrito y posteriormente de viva voz, el diputado perredista Agustín Basave, miembro del “Caucus” y el diputado del PAN, Juan Pablo Piña, recalcaron que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), marcan los procedimientos a seguir en el caso de ausencia del titular del despacho, pero no establece causales para la destitución del Fiscal electoral ni que el encargado de despacho, en este caso un Subprocurador, pueda ejercer ese tipo de funciones.

Recordaron que el pasado viernes 20 de octubre, el encargado de la PGR anunció el cese del Fiscal Nieto, argumentando violaciones al código de conducta de la dependencia, al haber revelado elementos de la investigación sobre el caso Odebrecht y presuntas “presiones” de uno de los involucrados, el ex director Lozoya Austin.

“Tal parece que el código de conducta al que hace referencia el encargado de despacho no existe, nunca se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y en materia penal hay un principio jurídico muy importante que es que, las reglas tienen que publicarse antes de sancionar a alguien por haberlas roto. Entonces aquí no habría fundamentación alguna para haberlo removido en base a esta supuesta violación al código de conducta”, apuntó Piña Kurczyn.  

“Yo creo que es muy importante que se transparente la determinación que tomó el encargado de despacho. Él tiene que salir y decir por qué lo hizo, con qué fundamento legal, cuáles son los motivos y si hay elementos que él considere que atentan contra un estado de derecho, que atentan contra una moral. Los explique y los ponga sobre la mesa”, agregó, tras recordar que antes de renunciar al cargo, el ahora ex procurador Raúl Cervantes habría señalado que la investigación sobre Odebrecht ya estaba lista para ser llevada al Poder Judicial.

Por ello llama la atención que a punto de dar ese paso, el Fiscal electoral que llevaba el caso, haya sido retirado del puesto.

“Es una evidencia más de que el dinero sucio de Odebrecht fue a parar al menos en parte a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto por la vía de Emilio Lozoya y por otras vías. Hay cada vez más indicios en ese sentido y por eso no debe sorprendernos que cesen al titular de la FEPADE porque él ha apuntado en esa dirección, porque ha mostrado independencia, no ha temido afectar los intereses del PRI-gobierno”, agregó el diputado Basave Benítez.

Lo anterior, en referencia a la información periodística respecto a que la empresa Braskem, filial petroquímica de Odebrecht “acompañó” la campaña presidencial de Peña Nieto, haciendo transferencias por 1.5 millones de dólares, a un consorcio más con el que se vincula a Loyoza Austin, cuando éste fungía como coordinador de Vinculación Internacional del entonces candidato priista, según reveló Carlos Fadigas, ex funcionario que se encuentra sujeto a proceso judicial en Brasil.

El “Caucus” agregó que las supuestas violaciones a los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) y 137 de su Reglamento, invocados por el Subprocurador Elías Beltrán, no contemplan las causales de destitución del Fiscal electoral, que resultaría inconstitucional.

Tal situación, apuntaron, alimenta la percepción de que el despido del funcionario en cuestión tiene como fin proteger al ex director Lozoya, frenar las investigaciones sobre Odebrecht y tener una FEPADE “a modo” en la elección del 2018.  Se trata de una decisión impregnada de “corrupción y autoritarismo”, recalcaron.

También por el PRD, el diputado Omar Ortega manifestó que debido a omisiones legislativas, ya que no se han concretado todas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se abrió la puerta a que el encargado de despacho en PGR, el Subprocurador Alberto Elías Beltrán, ordenara el cese del Fiscal Nieto Castillo, por razones políticas.

Por ello, apuntó Ortega Martínez, es urgente que los legisladores cumplan su obligación, avancen en los pendientes, como la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República, y en la imposición de los “candados” que impidan la remoción de los fiscales especiales a causa de presiones de grupos de poder.