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Diputados avalan en lo particular ‘Miscelánea penal’; pasa al Senado

El dictamen que ya había sido aprobado en lo general por 403 votos a favor y 24 abstenciones, se avaló en lo particular con 359 votos a favor, 47 en contra y una abstención, luego de haber conocido las 17 reservas que presentaron a 16 artículos por diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, que fueron rechazadas.

Angélica Melín Jueves 28 De Abril, 2016 · 22:19 pm
Diputados avalan en lo particular ‘Miscelánea penal’; pasa al Senado
Foto ilustración

La Cámara de Diputados, aprobó en lo general, por 403 votos a favor y 24 abstenciones, el paquete de 10 reformas a distintos ordenamientos en materia de justicia, identificado como “miscelánea penal”.

Al haber hecho cambios a la minuta proveniente del Senado de la República, el proyecto regresará a los colegisladores, a fin de que evalúen las modificaciones hechas por los diputados.

La “miscelánea penal” comprende cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales; al Código Penal Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.

También aplicaron a la Ley de Amparo; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley de Instituciones de Crédito.

Al posicionar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro y diputado del Partido Revolucionario Institucional, Álvaro Ibarra Hinojosa, explicó que los ajustes tienen como fin avanzar a una nueva etapa en la impartición y procuración de justicia, así como contribuir a la implementación plena del nuevo sistema de justicia penal, el cual debe entrar en vigor el próximo 18 de junio.

Señaló que los cambios se aplicaron para que en todo momento se respeten los derechos humanos, el debido proceso y se brinde certeza jurídica en los procesos judiciales.

Detalló que lo ejes de la reforma son la certeza jurídica, la defensoría pública adecuada, las resoluciones eficaces y el “piso” parejo para las partes involucradas en un proceso judicial; esto, con el fin de que en un juicio no se dañe aún más a las víctimas, y el inculpado tenga oportunidad de defenderse.

Al expresar su inconformidad por algunos elementos de la normatividad, como el tratamiento que se da a las empresas, también identificadas en la ley como “personas morales” o “personas jurídicas”, que serán objeto de amonestaciones y hasta la disolución, en caso de que la autoridad considere que tuvieron descuidos en su organización y permitieron la comisión de delitos; legisladores de la oposición, en particular del Partido Acción Nacional (PAN), advirtieron que interpondrán una acción de

inconstitucionalidad.

“Para anunciar que en caso de que esta reforma sea promulgada tal y como la acabamos de aprobar, es decir, si el Senado o el Presidente de la República no la modifican, existe un grupo de legisladores que presentaremos una acción de inconstitucionalidad, al considerar que hay varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que violan lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales en la materia”, anunció el diputado panista Juan Pablo Piña.

La normatividad prevé que en el proceso penal, se podrán utilizar medios electrónicos y tecnológicos para agilizar las actuaciones de la autoridad, como el informe policial en línea y denuncias en línea.

 También contempla agilizar las solicitudes de orden de aprehensión y solicitudes de comparecencia.

Asimismo, se permitirá la puesta a disposición de los detenidos, por cuestiones de seguridad o por las características del suceso en investigación, ante un Ministerio Público distinto al lugar donde se cometió el delito, siempre y cuando la actuación se registre de inmediato y el inculpado sea trasladado al lugar donde le corresponde.

Se establece que aplicará la prisión preventiva “oficiosa” hasta por dos años, para delitos como el homicidio doloso; violación;, ilícitos cometidos con medios violentos, como armas de fuego y explosivos; así como delitos graves contra el desarrollo de la personalidad y los que establezcan las leyes locales.

Prevé la intervención de comunicaciones de todo tipo, o programas que permitan el intercambio de datos, audio, video, mensajes y archivos electrónicos que permitan conservar el contenido de conversaciones o el almacenamiento de datos.

La diputada de Encuentro Social (PES) Melissa Torres, destacó que la miscelánea penal regula el uso de dispositivos electrónicos para ubicar a personas sujetas a proceso e investigación penal, como brazaletes y chips electrónicos.

En defensa del dictamen, la diputada del PRI, Martha Tamayo; así como sus compañeros de bancada Álvaro Ibarra y Abel Murrieta, consideraron que adecuar las normas penales a los términos del nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial, es un paso adelante.

Explicaron que es un avance y no un retroceso, como acusó la oposición, establecer que la prisión preventiva podrá ordenarse hasta por dos años, no por uno, como marca actualmente la norma; y que el inculpado no tendrá derecho a interponer un amparo, sino hasta que se emita sentencia.

Dijeron que con ello, se evitará que los juicios se alarguen por años, lo que ocurría debido al abuso de la herramienta jurídica del amparo.

Los priístas también negaron que hacer corresponsables de delitos a las empresas o “personas jurídicas”, por los delitos cometidos por sus empleados o directivos, no es incurrir en excesos.

Puntualizaron que en muchas ocasiones, los delincuentes utilizaban a personas morales, es decir, consorcios, como fachada, para encubrir delitos como el fraude fiscal o la pornografía, entre otros.

Por ello, se integró en la ley, que las empresas serán sujeto de sanción y se les vinculará a la comisión de delito, por la falta de cuidado en su organización. “No habrá más pantallas de delincuentes detrás de personas morales”, pues si la empresa demuestra que mantuvo el control por completo en su operación y no fomentó por acción u omisión la comisión de algún ilícito, quedará libre de responsabilidad, atajó la diputada Tamayo.

En particular, el diputado Abel Murrieta aclaró que la miscelánea penal no autoriza en general que se lleven a cabo actuaciones y diligencias judiciales sin la orden de un juez; sin embargo, establece excepciones cuando sea necesario.

Esto sucederá cuando el Ministerio Público considere necesario aplicar medidas de geolocalización en tiempo real, a fin de evitar la evasión de los delincuentes.

En el caso de los allanamientos, la autoridad podrá proceder sin necesidad de contar con la orden de juez, cuando el bien jurídico a proteger sea mayor al bien material por afectar, como ocurre en situaciones de secuestro, cuando la vida de las víctimas está en peligro y es necesario actuar de inmediato.

Aclaró que en el caso de la intervención de comunicaciones no habrá excepciones, por lo que siempre se requerirá la orden de un juez; no obstante, para agilizar dicho procedimiento, apuntó, es que se aprovecharán instrumentos tecnológicos, para acceder y consultar expedientes en línea, o bien, la realización de “consignaciones digitales” y la emisión de notificaciones inmediatas, lo que acortará los tiempos en la aplicación y procuración de la justicia.