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Avalan diputados Ley de Extinción de Dominio, será enviada al Ejecutivo

La diputada perredista Guadalupe Almaguer señaló que una vez más, en San Lázaro se está legislando para “un solo hombre” y se está disponiendo de los recursos públicos para que el Presidente de la República.

Angélica Melín Jueves 25 De Julio, 2019 · 12:03 pm
Avalan diputados Ley de Extinción de Dominio, será enviada al Ejecutivo
Diputados (as) del PRI, MC y PRD, acusaron que la reforma es “populismo penal” - Ilustración
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La Cámara de Diputados, reunida en sesión extraordinaria, aprobó en lo general y lo particular la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que será enviada al Ejecutivo Federal.

El ordenamiento contempla un procedimiento de carácter civil, ajeno al penal, que implicará la pérdida de derechos sobre bienes de origen ilícito, estén asociados a la comisión de delitos y su legal procedencia no pueda ser acreditada.

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Los bienes muebles o inmuebles decomisados por esa vía, podrán ser vendidos por la autoridad federal, incluso de manera anticipada, con el fin de destinar los recursos obtenidos a programas sociales y atención a las víctimas.

Señala que objetivo es regular la extinción de bienes a favor del Estado, establecer los procedimientos respectivos y los mecanismos de administración y uso de los recursos obtenidos.

Ello, a través del uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes, así como sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

La norma contempla el principio de “retrospectividad”, para que la extinción de dominio aplique sobre bienes de origen ilícito, sin importar el tiempo en el que se cometió el mismo. Con el fin de recuperar activos relacionados con el crimen organizado y con hechos delictivos.

La pérdida de los bienes será decretada por sentencia de una autoridad judicial y no se pagará contraprestación ni compensación alguna; aunque prevé que las personas que “reconozcan” la extinción, podrán solicitar a un juez que se les retribuya hasta el cinco por diento del valor de la propiedad.

Contempla la instauración de un Gabinete Social e la Presidencia, el cual coordinará la asignación y transferencia de los bienes sujetos a extinción, aunado a que determinará la “pertinencia” de la asignación y transferencia de bienes.

La nueva ley se aprobó por amplia mayoría, en lo general, de 420 votos a favor, 9 abstenciones y 10 en contra, de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En lo particular, avanzó con 291 votos a favor, cinco abstenciones y 114 en contra.

Las más de 50 reservas presentadas fueron rechazadas en su conjunto, incluyendo la de la vicecoordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Clouthier, que propuso modificaciones para evitar daño a personas de escasos recursos que de algún modo pudieran resultar involucrados, por ser titulares de los derechos de un bien sujeto a extinción de dominio.

Clouthier Carrillo advirtió que la reforma podría resultar inconstitucional y no concuerda con lo que Morena ofreció a los ciudadanos.

“La venta anticipada de un bien sujeto a la extinción de dominio dispuesta en el articulo 227 y 228, podría ser anticonstitucional. El riesgo de aprobar el dictamen como está es que la extinción de dominio sea inoperante, al recurrir la figura de venta anticipada en los tribunales. La Constitución establece de manera clara en sus artículos 14 y16, que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, sino mediante un juicio”, planteó.

Para defender su postura, ella y su compañera de bancada, Lorena Villavicencio, subieron a la tribuna a flanquear al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, que también presentó reserva en ese sentido, misma que fue rechazada.

En la discusión, integrantes de la mayoría que defendieron el ordenamiento, afirmaron que la norma permitirá combatir el delito, la impunidad y dar un uso benéfico para la sociedad, a los recursos que se obtengan de la venta de bienes relacionados con actividades ilícitas.

La herramienta era necesaria y fortalecerá el estado de derecho, ya que generará acciones contundentes contra la delincuencia, enfatizó la presidenta de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Pilar Ortega.

“Esta normatividad permitirá al estado recuperar bienes y recursos con los que se hizo el hampa mediante alguno de los delitos que más daño infringen a nuestra sociedad. Corrupción, delincuencia organizada, huachicoleo, secuestro, narcotráfico, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos”, apuntó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.

En contraparte, diputados y diputadas del PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD, acusaron que la reforma es “populismo penal”.

Pese a esa postura, todos votaron a favor en lo general, excepto el PRD.

Violará derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso, ya la autoridad podrá vender los bienes decomisados que considere, sin que un juez haya emitido una sentencia definitiva contra el presunto propietario, alertaron.

La ley implicará que el ciudadano esté obligado a demostrar su inocencia ante la autoridad, cuando el sistema de justicia penal señala que es la autoridad la que debe demostrar si un acusado es culpable, enfatizaron.

“Y ahora se estará aprobando el procedimiento por el que, nada menos que 245 delitos, ya una vez desdoblados todos los tipos que tenemos enlistados, serán susceptibles a dar inicio a procesos de extinción de dominio. El populismo penal, compañeras y compañeros, no nos va a servir de nada”, alertó la diputada priísta, Mariana Rodríguez.

Al recalcar que todas las fuerzas políticas respaldan el combate a la delincuencia, la corrupción y en debilitar las finanzas de los criminales, puntualizó que se rechaza la afectación a “terceros de buena fe”, cuyos derechos podrían ser violentados, así como normalizar reglas que deberían ser una excepción.

Rodríguez Mier y Terán ejemplificó la situación al señalar que en el caso de la ampliación de delitos a los que se impuso prisión preventiva, como el feminicidio, la incidencia no se ha reducido, pese al endurecimiento de la pena.

La oposición subrayó que los más afectados por la norma, serán aquellos que no tengan recursos para pagar una defensa legal, si se ven involucrados en un proceso de extinción de dominio.