enero 24, 2022
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Dan legisladores oxígeno a la Función Pública; pide PRD remover a Andrade

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega  y Rafael Hernández, calificaron como adecuado que el titular de la Función Pública sea ratificado por el Senado.

Angélica Melín
Dan legisladores oxígeno a la Función Pública; pide PRD remover a Andrade
Foto archivo

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con una votación de 447 votos a favor, y otros tres votos favorables pero extemporáneos, debido a que los diputados no estaban en sus lugares al momento de cumplir su responsabilidad, el dictamen de la Comisión de Gobernación, con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con esa normatividad, que forma parte del paquete de leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción,  a propuesta del Ejecutivo Federal, los congresistas dieron oxígeno a la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya desaparición fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, al inicio de la presente administración.

En ese marco, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega  y Rafael Hernández, calificaron como adecuado que el titular de la Función Pública sea ratificado por el Senado.

Asimismo, señalaron que para dar una nueva legitimidad a la dependencia, el Ejecutivo debería remover del cargo al actual titular, Virgilio Andrade, cuyo trabajo calificaron de deficiente, en particular por la resolución emitida en el caso de la llamada Casa Blanca, en que se vieron involucrado el propio Primer Mandatario y su esposa.

“Para que una vez que entre en vigor esta nueva reforma, inaugure un nuevo comienzo la asignación de un nuevo titular que concite el más amplio consenso entre la sociedad. Esta solicitud no es menor, ya que un nuevo nombramiento dotaría de una nueva legitimidad mayor a este órgano de control, con nuevas facultades y altas expectativas para la sociedad mexicana. El titular actual simboliza la ineficacia y un tanto la simulación”, apuntó, tras insistir en su proceder en torno al caso de la Casa Blanca.

Al dar luz verde a los cambios, los congresistas plantearon un adendum, a fin de establecer que la Secretaría de Hacienda será la encargada de organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, administrará los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a dependencias o entidades y llevará el registro público de la propiedad inmobiliaria federal.

El documento prevé que Hacienda también regulará la adquisición, arrendamiento y enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal.

Entre los elementos centrales de la normatividad, puntualizó la presidenta de la Comisión de Gobernación y diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Guillén, se establece que la Función Pública recibirá denuncias por actos de corrupción o irregularidades en el servicio público, y podrá investigar así como sancionar a los responsables.

Las modificaciones que serán turnadas al Senado de la República, contemplan que el titular de la Función Pública estará obligado a presentar sus declaraciones de interés.

La dependencia se encargará de inspeccionar el ejercicio del gasto público y este sea congruente con el Presupuesto de Egresos, evaluará la gestión gubernamental y emitirá las normas de control interno en la administración pública federal.

Colaborará directamente en los sistemas nacionales Anticorrupción y de Fiscalización y las autoridades encargadas de combatir la corrupción; asimismo revisará el ingreso, manejo, custodia y ejercicio del gasto público; en tanto que sancionará los actos y omisiones que representen responsabilidades administrativas.

Llevar a el registro de los servidores públicos y verificará el contenido de sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

De igual modo, conocerá e investigará las conductas que puedan constituir responsabilidades, sancionará  y en el caso que lo amerite, ejercerá acción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presentará denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).